En medio de la prolongada crisis hídrica de Nuevo León, el foco del debate público se está desplazando del consumo doméstico hacia los grandes usuarios: la industria y la agricultura. Crecen las acusaciones y la sospecha de que, mientras a la población se le pide un esfuerzo de ahorro, los grandes consorcios mantienen un consumo desmedido e incluso incurren en prácticas ilegales para asegurar su abasto.
La pregunta que resuena en las calles de Monterrey y su área metropolitana es cada vez más fuerte: ¿quién consume realmente el agua de Nuevo León? La narrativa de la sequía como un fenómeno puramente climático está siendo desafiada por una visión que apunta a una distribución desigual y a un posible abuso por parte de los sectores productivos que son el motor económico de la región.
El Consumo Industrial y Agrícola Bajo la Lupa
Nuevo León es uno de los estados más industrializados de México, y esta actividad económica es intensiva en el uso de agua. A esto se suma la demanda del sector agrícola, especialmente en la zona citrícola. Juntos, estos sectores representan un porcentaje significativo del consumo total de agua del estado.
La controversia se alimenta de varios factores:
* Falta de Transparencia: Existe una percepción de opacidad en torno a las concesiones de agua otorgadas a grandes empresas y ranchos agrícolas. Es difícil para el público general conocer con exactitud cuánta agua tiene permitido extraer cada concesionario y si están cumpliendo con esos límites.
* «Water Mafias»: Aunque el término es más amplio, análisis como los del Brookings Institution han advertido sobre el riesgo de que en México surjan «mafias del agua», grupos que desvían ilegalmente el recurso para venderlo a industrias o a la gran agricultura, una forma de crimen organizado que prospera en contextos de escasez y débil regulación.
* Presión Binacional: La gestión del agua en Nuevo León tiene implicaciones internacionales. El estado forma parte de la cuenca del Río Bravo, y México tiene obligaciones de entrega de agua a Estados Unidos bajo un tratado de 1944. La administración estadounidense ha llegado a acusar a México de «robar agua» a los granjeros de Texas, amenazando con aranceles y sanciones, lo que pone aún más presión sobre cómo se gestiona y distribuye el agua en los estados fronterizos.
El Papel de la Utilidad Pública: Entre la Gestión y la Crisis
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), la paraestatal encargada del suministro, se encuentra en el centro de la tormenta. Por un lado, ha tenido que implementar medidas impopulares como los cortes programados y la modulación de la presión para racionar el agua disponible durante los picos de la crisis.
«Estamos ubicados en la cuenca de agua más seca de México, no tenemos la disponibilidad de agua que hay en el sur de México. Tenemos 600mm de lluvia al año en promedio, pero con una variabilidad extrema.» – Juan Ignacio Barragán Villarreal, Director de SADM.
Por otro lado, SADM es la entidad responsable de fiscalizar y combatir el robo de agua, una tarea titánica dada la extensión del problema, con miles de tomas clandestinas y pozos ilegales que merman la capacidad del sistema. La presión ciudadana exige que la fiscalización sea tan rigurosa con los grandes consumidores industriales y agrícolas como lo es con los usuarios domésticos.
Un Conflicto Social y Económico
La guerra por el agua en Nuevo León es, en esencia, un conflicto sobre el modelo de desarrollo del estado. Pone en tensión el crecimiento económico, basado en una industria pujante, con la garantía de un derecho humano fundamental para la población.
La solución a esta crisis no pasa únicamente por esperar a que llueva o por construir más presas. Requiere una reevaluación profunda de las políticas de concesión de agua, una fiscalización estricta y transparente para todos los usuarios sin excepción, y una inversión en tecnologías que permitan a la industria y a la agricultura ser más eficientes en su consumo de agua.
Mientras estas medidas no se implementen de forma contundente, la percepción de que existe una justicia hídrica para los ciudadanos y otra para los grandes poderes económicos seguirá alimentando el descontento social en uno de los estados más prósperos de México.
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