Grupo Salinas acusa violación de derechos humanos en un nuevo capítulo de confrontación pública con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El conglomerado aseguró que el máximo tribunal ha vulnerado sus garantías fundamentales mediante resoluciones que, según su postura, responden a intereses políticos y no a criterios jurídicos. Esta tensión creciente ha colocado a uno de los grupos empresariales más influyentes del país en el centro de un debate nacional sobre justicia, gobernabilidad y confianza económica.
La controversia de Grupo Salinas estalló tras una serie de fallos en los que la Corte resolvió en contra del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, incluyendo determinaciones que obligan a sus empresas a cubrir adeudos millonarios. En un comunicado, la corporación denunció que las decisiones del Alto Tribunal no solo carecen de análisis de fondo, sino que fueron tomadas “por consigna”, lo que interpretan como un ataque directo a sus derechos y a la independencia judicial.
El pronunciamiento subió de tono al calificar a la SCJN como una institución “ilegítima”, sosteniendo que los votos registrados en los asuntos relacionados con Elektra, TV Azteca y Nueva Elektra del Milenio se alinearon “milimétricamente al dictado de Palacio Nacional”. Según Grupo Salinas, esta supuesta coordinación política deja sin sustento sus argumentos legales y afecta gravemente el estado de Derecho.
Uno de los puntos que más indignación generó en Grupo Salinas fue la reversión del impedimento otorgado a la ministra Lenia Batres en diciembre de 2024. Dicho impedimento le prohibía conocer casos vinculados con el conglomerado debido a presuntos prejuicios expresados públicamente. Para el grupo empresarial, permitir que la ministra intervenga nuevamente compromete la imparcialidad de los procesos y representa otra forma de violación de derechos humanos.
Grupo Salinas acusa violación de derechos humanos en sus procesos
En este contexto, el conglomerado sostiene que las acciones recientes de la SCJN muestran un patrón de justicia “selectiva al servicio del poder”. Señalan que incluso cuando algunos ministros admitieron que no existía un dilema constitucional, la mayoría optó por resoluciones que califican como contradictorias y diseñadas para satisfacer “órdenes” del Ejecutivo federal.
La empresa Grupo Salinas aseguró que existe una intención clara de invalidar cualquier sentencia favorable a sus intereses con el fin de “allanarle el camino” a una agenda gubernamental más amplia. Desde su perspectiva, estas decisiones confirman que la independencia de poderes “simplemente ya no existe” en México, pues la Corte ha adoptado una postura alineada con la Presidencia de Claudia Sheinbaum.
La tensión no solo se ha limitado al ámbito judicial, sino que ha derivado en un debate sobre la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. Grupo Salinas advirtió que las resoluciones de la Corte envían un mensaje de incertidumbre al mercado, pues consideran que el Estado mexicano está “cooptado en su totalidad por Morena”, situación que podría inhibir inversiones nacionales y extranjeras.
En medio de este escenario, el proceso legal contra Nueva Elektra del Milenio avanzó con un fallo que obliga a la empresa a cubrir más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales. La resolución, aprobada por seis votos, se suma a decisiones previas que ya habían desechado siete amparos presentados por Elektra y TV Azteca, acumulando más de 50 mil millones de pesos en obligaciones fiscales para el conglomerado.
El criterio respaldado por la SCJN establece que el Servicio de Administración Tributaria tiene facultades para fiscalizar directamente a empresas pertenecientes a grupos que declaran de manera consolidada. Este cambio de interpretación amplía las responsabilidades legales de las compañías y anula un fallo anterior que limitaba esa facultad.
La discusión prevista sobre un amparo relacionado con TotalPlay, por un monto de más de 645 millones de pesos, quedó pendiente por solicitud del ministro presidente Hugo Aguilar, quien pidió un análisis más profundo. Sin embargo, el clima de tensión no disminuyó, pues estas resoluciones se han dado en un periodo donde prácticamente todos los recursos del conglomerado han sido rechazados.
Frente a este panorama, Grupo Salinas reafirmó que continuará su defensa en instancias nacionales e internacionales. Declaró que, aunque siempre ha mostrado disposición para pagar impuestos “justos y correctos”, no cederá ante lo que considera exigencias “excesivas e ilegales” por parte de las autoridades fiscales.
En su comunicado, Grupo Salinas reiteró que hará uso de todos los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos y para evidenciar lo que considera una serie de atropellos judiciales. Aseguran que la batalla no solo es por intereses económicos, sino por el respeto a principios constitucionales que —según su narrativa— han sido vulnerados sistemáticamente.
El debate público continúa escalando, alimentado por las repercusiones de cada nuevo fallo y por el tono cada vez más confrontativo entre el conglomerado y el Poder Judicial. En este escenario tenso, donde Grupo Salinas acusa violación de derechos humanos repetidamente para reforzar su postura, queda claro que el conflicto está lejos de resolverse y que sus efectos podrían extenderse más allá del ámbito legal.
La incertidumbre en torno a las resoluciones judiciales, la percepción de persecución política y las implicaciones económicas han convertido este caso en uno de los más relevantes del año. Mientras la SCJN sostiene que sus decisiones se sustentan en la ley, el conglomerado insiste en que se trata de un intento de doblegarlo. El desenlace, aún incierto, marcará un precedente crucial para la relación entre el sector empresarial y las instituciones del Estado mexicano.
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