Tras tragedia en festival AXE Ceremonia, se revoca permiso a operador privado. El parque será espacio público gestionado por la Secretaría de Cultura.
El Gobierno Federal de México ha retirado la concesión privada para la operación del Parque Bicentenario en la Ciudad de México, una decisión que se produce tras la trágica muerte de dos jóvenes en el festival AXE Ceremonia en abril. La Guardia Nacional tomó control del predio y el espacio se convertirá en público bajo la administración de la Secretaría de Cultura federal.
El pasado 23 de mayo, el Gobierno Federal revocó la concesión que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., mantenía para administrar y operar el Parque Bicentenario, ubicado en el norte de la Ciudad de México. Esta acción tiene como consecuencia directa que el parque pase a ser un espacio público gestionado por la Secretaría de Cultura federal.
Para asegurar la transición y el resguardo de las instalaciones, elementos de la Guardia Nacional tomaron control del predio el sábado 24 de mayo, mientras personal federal iniciaba la revisión de las instalaciones.
La tragedia de AXE ceremonia como detonante
Esta decisión gubernamental es una secuela directa del lamentable incidente ocurrido durante el festival de música AXE Ceremonia en abril de 2025. En dicho evento, el colapso de una estructura provocó la muerte de dos jóvenes: Berenice Gil y Miguel Ángel Rojas, identificados también como fotoperiodistas.
Según se ha informado, el Gobierno Federal aplicó la cláusula décimo quinta, fracción sexta, del contrato de concesión, argumentando «causales fundadas del interés público» y una presunta negligencia por parte de la operadora al no haber reportado inmediatamente los hechos a las autoridades federales correspondientes. Se recuerda que, tras el colapso, los organizadores del AXE Ceremonia no cancelaron los conciertos programados para ese sábado, y fue hasta el domingo que la alcaldía Miguel Hidalgo procedió a clausurar el evento.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ya había manifestado previamente la posibilidad de retirar la concesión a la empresa privada tras conocerse la muerte de los dos jóvenes.
Implicaciones de la decisión
La revocación de la concesión y la intervención de la Guardia Nacional representan una firme respuesta gubernamental ante una falla de seguridad con consecuencias fatales. Esta medida prioriza el interés público y la rendición de cuentas por encima de los acuerdos con operadores privados, especialmente cuando se percibe negligencia.
Este caso podría sentar un precedente para la revisión de otras concesiones de espacios públicos a entidades privadas, no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional. Pone de relieve la necesidad de una supervisión rigurosa y protocolos de seguridad estrictos cuando se delegan responsabilidades que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.
Para la industria de eventos masivos en la capital, este suceso y sus consecuencias podrían traducirse en regulaciones más estrictas, mayores exigencias en materia de seguros y un escrutinio más detallado de las medidas de seguridad y planes de emergencia por parte de los organizadores y operadores de recintos.
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