El tema de los suicidios en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16, en Morelos, ha cobrado relevancia luego de una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el gobierno mexicano fue señalado como responsable de los trágicos eventos. Entre 2019 y la fecha, 19 mujeres privadas de libertad han perdido la vida en circunstancias preocupantes, un problema complejo que involucra a varias instituciones y actores, desde la Defensoría Pública hasta el Poder Judicial.
En este artículo, exploraremos las causas subyacentes de estos suicidios, las implicaciones de las denuncias y los esfuerzos del gobierno federal para abordar la crisis, mientras se analizan las responsabilidades de otros actores clave, incluidos expresidentes y funcionarios de alto nivel.
La crisis de suicidios en Cefereso 16: Una situación alarmante
La cifra de 19 suicidios en tan solo unos años ha conmocionado tanto a la sociedad mexicana como a organizaciones internacionales de derechos humanos. Las mujeres que se encuentran en este penal, de acuerdo con los testimonios de sus familiares y defensores, han enfrentado condiciones de vida extremas: falta de atención médica adecuada, alimentos deficientes, castigos constantes, y, quizás lo más grave, un profundo abandono tanto por parte de las instituciones como de sus propios familiares.
A lo largo de los años, se ha señalado que el Cefereso 16 ha carecido de una administración de justicia con perspectiva de género, lo que ha agravado la situación de las internas, muchas de ellas privadas de su libertad por delitos menores. La falta de programas de reinserción y el aislamiento de las reclusas, al ser trasladadas lejos de sus hogares, también han sido factores que aumentan la desesperación y el riesgo de suicidio.
¿Quién es el responsable de la tragedia?
Durante la audiencia de la CIDH, representantes del gobierno mexicano señalaron que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), subrayó que uno de los factores clave es la falta de acción por parte del Poder Judicial, que según ella, emite sentencias desproporcionadas sin considerar la perspectiva de género. Además, se mencionó el abandono de los casos por parte de la Defensoría Pública Federal y la falta de comunicación entre los defensores y las internas, lo cual genera un vacío de esperanza entre las mujeres detenidas.
Por otro lado, Richard Urbina Vega, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, destacó que el gobierno ha realizado esfuerzos desde el primer caso de suicidio para entender los factores detonantes. Sin embargo, reconoció que el sistema de justicia penal y las condiciones dentro del penal no son suficientes para garantizar una reclusión que favorezca la reinserción social.
La perspectiva de las organizaciones civiles y la sociedad
Mientras el gobierno defiende su postura, varias organizaciones civiles, como Documenta, han calificado de lamentables las condiciones de las reclusas en el Cefereso 16. Según Nayomi Aoyama González, coordinadora del programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social, el traslado de las mujeres desde sus lugares de origen hasta Morelos ha creado una barrera económica insalvable para las familias que desean visitarlas. En algunos casos, como el de una familia proveniente de Tamaulipas, los costos de transporte ascienden a más de 10 mil pesos, una suma exorbitante para muchos.
Aoyama González también enfatiza que la falta de seguimiento y la inacción por parte de las defensoras y defensores legales contribuye a la desesperación de las internas, quienes desconocen el estado de sus procesos judiciales. La falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales refleja un profundo desinterés por los derechos de las mujeres encarceladas.
Los esfuerzos del gobierno y las promesas de cambio
A pesar de las críticas, el gobierno mexicano ha insistido en que la atención a las internas ha sido constante, profesional y sensible. Evangelina Hernández Duarte reiteró que el gobierno no ha sido omiso, pero reconoció que es urgente una intervención más profunda por parte del Poder Judicial. Según la coordinadora de Segob, se necesitan reformas sustanciales para que las mujeres en el Cefereso 16 reciban una reclusión con un propósito claro, que garantice no solo su seguridad, sino su reinserción social efectiva.
En cuanto a la salud mental, Urbina Vega afirmó que se ha trabajado para identificar factores detonantes, como el deterioro de la salud física y mental de las internas antes de su ingreso al centro, pero reconoció que los esfuerzos hasta ahora no han sido suficientes.
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