El gobierno federal decretó la expropiación de 102.19 hectáreas de tierras ejidales en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para destinarlas al proyecto ferroviario del Tren Maya, de acuerdo con un decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La superficie expropiada corresponde al ejido Juan Sarabia y será transferida a favor de Tren Maya, S.A. de C.V. para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria, la operación del proyecto y el desarrollo de obras complementarias.
Del total de la superficie expropiada, 67.69 hectáreas corresponden a terrenos de uso común y 34.49 hectáreas a tierras de uso parcelado, todas clasificadas como terrenos de temporal.
Ejidatarios serán indemnizados
De acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), el monto de la indemnización asciende a 160 millones 739 mil 231 pesos con 97 centavos, cantidad que deberá distribuirse entre el ejido por las tierras de uso común y los titulares de las parcelas afectadas conforme a sus derechos.
El decreto establece que la empresa Tren Maya deberá acreditar el pago de la indemnización correspondiente o cubrirla con cargo a su presupuesto autorizado antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute formalmente la expropiación.
Para el bien de la nación
El gobierno federal justificó la expropiación por causas de utilidad pública, al señalar que los terrenos serán utilizados para la construcción y operación del Tren Maya, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros y carga.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el proyecto constituye una de las principales obras de infraestructura del país y que permitirá fortalecer la conectividad de la península de Yucatán, impulsar el comercio, diversificar la oferta turística y generar desarrollo económico en la región.
También argumenta que la infraestructura ferroviaria contribuirá a crear empleos, redistribuir la riqueza, facilitar el acceso a comunidades del sureste mediante un corredor humanitario y reforzar la protección de la zona fronteriza con Centroamérica.
El documento precisa que originalmente se solicitó la expropiación de 102.23 hectáreas, pero tras los trabajos técnicos realizados en 2024 se determinó que la superficie real a afectar era de 102.19 hectáreas, cifra que finalmente quedó asentada en el decreto presidencial.
Asimismo, se indica que durante el procedimiento se otorgó garantía de audiencia a los integrantes del ejido Juan Sarabia, sin que se presentaran manifestaciones en contra dentro del plazo legal establecido.
