En diciembre pasado, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció con firmeza la desaparición de 1,344 plazas de burócratas estatales, justificando su decisión en el supuesto ahorro de más de 2 mil millones de pesos para la administración estatal. La medida, sustentada en el decreto 24, sacudió la estabilidad laboral de cientos de familias oaxaqueñas y desató protestas inmediatas.
La narrativa oficial acusaba a muchos de los trabajadores de haber obtenido sus plazas de manera irregular, una declaración que avivó aún más la inconformidad social.
La presión social y política que forzó la restitución
Nueve meses después, el discurso cambió. En una conferencia desde el Palacio de Gobierno, Jara Cruz dio marcha atrás y anunció que todos los burócratas despedidos regresarían a sus puestos con antigüedad y derechos laborales intactos.
El gobernador aseguró que su administración “nunca será insensible a la realidad social”, pero los ex trabajadores no tardaron en responder:
“Este anuncio no es justicia, es desesperación de un mandatario acorralado por el repudio social y el riesgo de derrota en la revocación de mandato”.
El costo político de la decisión
El caso revela un claro costo político para el gobierno de Oaxaca. Lo que comenzó como una estrategia de “ahorro” terminó transformándose en un boomerang de descontento social. La restitución no solo evidencia la fuerza de la base trabajadora, sino también el peso de la revocación de mandato como factor de presión.
La historia se inscribe en un contexto nacional donde las decisiones de austeridad suelen enfrentarse al dilema entre la disciplina fiscal y la justicia social.
Los trabajadores: entre el alivio y la desconfianza
Aunque muchos burócratas celebran su regreso, persiste un sentimiento de desconfianza hacia la administración estatal. Para algunos, la restitución es una victoria de la presión social; para otros, un recordatorio de que los derechos laborales pueden quedar sujetos a cálculos políticos.
Un ex trabajador lo resumió así: “Recuperamos lo que nunca debieron quitarnos, pero no olvidaremos la incertidumbre que vivimos”.
Lo que significa este episodio para Oaxaca
La restitución de plazas es más que un acto administrativo: es un símbolo de resistencia social y política en Oaxaca. Este episodio deja lecciones sobre la fuerza de la organización laboral, el impacto de la opinión pública y la fragilidad de las decisiones gubernamentales cuando no se construyen con consenso.
El desenlace refuerza una narrativa clave: en Oaxaca, los trabajadores aún pueden torcer el rumbo de las decisiones políticas cuando se organizan y resisten colectivamente.
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