Desde el Congreso de Quintana Roo se aprobó una reforma al Código Penal local con la que se busca sancionar de manera más efectiva al delito de fraude inmobiliario, una problemática que hasta la fecha sigue atentando en contra del desarrollo urbano de la entidad y de la misma ciudadanía.
La propuesta impulsada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, fue aprobada este lunes 24 de marzo por unanimidad con 23 votos a favor de los integrantes de la actual legislatura.
El legislador explicó que con esta reforma se modifica parte de la redacción del artículo 269 del Código Penal para establecer penas claras y sanciones contra quienes vendan propiedades sin contar con los permisos correspondientes.
“Parte de nuestra labor como legisladores es llevar a cabo una constante revisión del marco jurídico vigente en el estado para identificar áreas de oportunidad y proponer iniciativas que mejoren su aplicación y efectividad en materia de desarrollo urbano”, dijo.
Agregó que, luego de un análisis desde la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, se identificaron deficiencias en las penas y sanciones impuestas a delitos, especialmente en los relacionados con el desarrollo y fraude inmobiliario.
“La falta de sanciones específicas hace que nuestra norma jurídica pierda eficacia, por lo que es necesario reformarla. Actualmente, el fraude inmobiliario está contemplado dentro de las penas del artículo 269, pero su redacción no establece una sanción clara en su contra”, explicó.
Con la aprobación de la reforma, se equipara el delito de fraude inmobiliario a las penas ya establecidas para los delitos de desarrollo urbano. Para ello, se establecerán de cuatro a doce años de prisión y multas de 1,800 hasta 3 mil días de multa a quienes ordenen la promoción y venta de lotes, departamentos o casas en fraccionamientos no autorizados, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones necesarias.
“El objetivo es evitar que se sigan creando asentamientos irregulares y proteger a los ciudadanos de ser víctimas de fraudes en el sector inmobiliario. La nueva redacción del artículo permitirá sancionar de manera efectiva estas prácticas ilegales”, expresó el diputado.
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