En medio de tensiones políticas y jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh) encendió una nueva polémica al acusar al exgobernador Javier Corral Jurado de tráfico de influencias y abuso de poder. Según la dependencia estatal, el hoy senador de Morena habría intervenido ilegalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer una causa penal en la que se le imputa el delito de peculado agravado por el desvío de 98.6 millones de pesos.
Una denuncia con tintes políticos
La historia comenzó en 2024, cuando la FACh abrió una investigación contra Corral por presuntas irregularidades durante su administración (2016–2021). Sin embargo, la controversia escaló cuando, según el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, el exmandatario habría gestionado “de forma ilegal” que la FGR atrajera el caso, arrebatando la competencia al estado.
“El juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez aceptó la causa penal de manera furtiva e ilegal, sin notificar a las autoridades estatales”, señaló Valenzuela.
Para la fiscalía chihuahuense, la intervención de la FGR carece de fundamento jurídico y rompe con los procedimientos legales de coordinación entre fiscalías.
El origen del escándalo: 98.6 millones bajo la lupa
El caso gira en torno a un contrato firmado en julio de 2019, cuando Corral aún era gobernador, con el despacho López Elías, supuestamente para asesorar en el refinanciamiento de la deuda pública. No obstante, la FACh presume colusión entre el exmandatario, su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y la empresa privada, para desviar los recursos.
Hasta ahora, Eduardo Fernández Herrera, exsubsecretario de Egresos, fue detenido y vinculado a proceso, mientras que Fuentes Vélez enfrenta una orden de aprehensión y embargo de propiedades. Fernández, además, habría decidido colaborar como testigo protegido, aportando pruebas que refuerzan la acusación.
Investigación bloqueada y fuero de por medio
Aunque un juez estatal emitió la orden de arresto contra Corral en agosto de 2024, esta no se ejecutó debido a la falta de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se presume que el exgobernador residía.
Con la llegada de Corral al Senado en septiembre de 2024, su fuero parlamentario complicó aún más las acciones judiciales. Sin embargo, el fiscal Valenzuela aclaró que la orden de detención sigue vigente y que “la investigación se ha fortalecido y continuará hasta agotar todas las vías legales”.
Choque de fiscalías y lucha por la competencia
El caso ha detonado una disputa institucional entre la FACh y la FGR. La fiscalía estatal asegura que la federación no tiene competencia para atraer el caso, pues el daño patrimonial recae sobre la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, no sobre recursos federales.
Tanto la Secretaría estatal de Hacienda como la FACh han promovido juicios de amparo, logrando una suspensión definitiva que impide momentáneamente la entrega del expediente a la FGR.
La defensa de Corral, por su parte, sostiene que las acusaciones son “una persecución política disfrazada de justicia”, aunque el exmandatario no ha hecho declaraciones públicas desde el anuncio de la acusación formal.
Una sombra sobre la política mexicana
Este nuevo episodio refleja cómo las pugnas políticas y judiciales continúan marcando el panorama mexicano. La imagen de Corral, quien se integró a Morena tras haber sido uno de los referentes panistas más críticos, vuelve a colocarse en el ojo del huracán.
Mientras la investigación sigue su curso, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua promete llegar hasta el fondo, dejando abierta una pregunta clave: ¿Es un caso de justicia o una batalla política disfrazada de legalidad?
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