Durante el primer trimestre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) transfirió 3 millones 777 mil pesos a dos empresas de un mismo propietario, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Los pagos, que sumaron 42 mil pesos diarios, se realizaron a través de cuatro contratos bajo la partida de Gastos de Publicidad Oficial.
Sorprende que la FGEBC, cuyo objetivo es la investigación de delitos y protección de víctimas, destinara recursos millonarios a empresas dedicadas a la producción de conciertos y eventos de entretenimiento, sin un vínculo directo con sus funciones institucionales.
Empresas beneficiadas y pagos registrados
Las empresas favorecidas fueron Fama Producciones y Promociones CHF de BC, ambas propiedad de Marco Santelices.
- Fama Producciones recibió 487 mil 200 pesos por servicios de conceptualización y operación de eventos.
- Promociones CHF de BC recibió tres pagos: uno por 290 mil pesos y dos de 1 millón 499 mil 998 pesos cada uno.
En total, los contratos evidencian pagos consecutivos a ambas compañías, lo que genera dudas sobre la correcta justificación del gasto público.
Vinculaciones políticas y posibles conflictos de interés
Marco Santelices está vinculado con Fernando Salgado Sánchez y su socia, Ana Karen Sánchez Rodríguez, esposa de Iván Carpio, primer fiscal de Baja California en administraciones previas. Este entramado familiar y empresarial ha despertado cuestionamientos sobre transparencia y conflictos de interés, especialmente considerando que los pagos provinieron de un órgano autónomo.
La fiscal actual, María Elena Andrade Ramírez, reconoció que la institución destinó más de 10 millones de pesos en publicidad institucional, incluyendo medios digitales, impresos, radio y televisión, pero evitó dar declaraciones precisas sobre los pagos a empresas de eventos, indicando “errores en las fechas” y comprometiéndose a investigar.
Un gasto cuestionado en medio de la justicia
Imagina un órgano de justicia encargándose de proteger a la ciudadanía, mientras parte de sus recursos terminan en conciertos y eventos privados. Esa es la situación que genera polémica en Baja California. La ciudadanía observa cómo millones de pesos se destinan a empresas de entretenimiento, mientras el debate sobre transparencia y uso adecuado de fondos públicos sigue vigente.
