En un duro revés para la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, el Congreso de Baja California reprobó su cuenta pública del ejercicio fiscal 2023, tras detectar un presunto mal manejo de recursos que asciende a más de 210 millones de pesos en diversas irregularidades.
La gestión de la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, ha sido puesta bajo un intenso escrutinio. El Congreso del Estado de Baja California votó por negar y reprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al año 2023, una decisión fundamentada en un informe que detalla serias anomalías en el manejo de los fondos públicos.
La magnitud del presunto desfalco asciende a más de 210 millones de pesos, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la legalidad con la que se administró la ciudad fronteriza durante ese periodo.
Las irregularidades detectadas: ¿A dónde fue el dinero?
El dictamen negativo de los diputados locales no se basa en suposiciones, sino en hallazgos concretos que apuntan a un manejo discrecional y posiblemente ilegal de los recursos de los tijuanenses. Entre las principales irregularidades señaladas por los legisladores se encuentran:
- Adjudicaciones Directas Irregulares: Se detectaron contratos asignados sin el debido proceso de licitación, favoreciendo a proveedores específicos por montos millonarios.
- Pagos sin Contrato: Se realizaron erogaciones significativas a empresas o individuos sin que existiera un contrato de por medio que justificara y legalizara dichos pagos.
- Subsidios Indebidos: Se otorgaron apoyos económicos o subsidios sin cumplir con las reglas de operación y sin una justificación clara del beneficio público.
Estas prácticas, en conjunto, suman la alarmante cifra de más de 210 millones de pesos cuyo destino y aplicación ahora están en entredicho.
Consecuencias Políticas y Legales
La reprobación de una cuenta pública es uno de los actos de fiscalización más severos que puede ejercer el poder legislativo sobre un gobierno municipal. Aunque las consecuencias políticas para la exalcaldesa son inmediatas, manchando su legado y su carrera, las implicaciones legales podrían ser aún más graves.
Este dictamen abre la puerta para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) o la propia Fiscalía General del Estado inicien carpetas de investigación por los presuntos delitos de peculado, desvío de recursos, ejercicio indebido de funciones y otros relacionados con actos de corrupción.
«Diputados del Congreso de BC detectaron adjudicaciones irregulares por más de 210 millones de pesos, subsidios indebidos y pagos sin contrato.» – El resumen de los hallazgos que fundamentaron la decisión del legislativo.
La decisión del Congreso de Baja California envía un fuerte mensaje de que la rendición de cuentas es un pilar fundamental de la gobernanza y que ningún funcionario, sin importar su cargo, está por encima de la ley. Ahora, la atención se centra en las autoridades investigadoras, de quienes la ciudadanía de Tijuana espera una actuación firme para esclarecer el destino de los recursos y, en su caso, sancionar a los responsables.
