Fiscales de EU tienen 90 días para decidir si piden pena de muerte para Caro Quintero

Rafael Caro Quintero compareció nuevamente ante la Corte del Distrito Norte de Nueva York, donde el juez otorgó un plazo de 90 días a la fiscalía estadounidense para determinar si pedirá la pena de muerte contra el narcotraficante mexicano. Además de enfrentar cargos por narcotráfico, se le acusa del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Vestido con un traje beige y una playera naranja debajo, el llamado Narco de Narcos asistió a la audiencia presidida por el juez Frederic Block. Durante la sesión, en la que estuvieron presentes múltiples agentes de la DEA, Caro Quintero mantuvo la mirada baja.

Fiscalía evalúa solicitar la pena de muerte

Durante la audiencia, el juez Block cuestionó a la fiscal Saritha Komatireddy sobre la posibilidad de aplicar la pena capital en este caso.

“Quisiera saber si la pena de muerte está en juego o no”, preguntó el juez. A lo que la fiscal respondió: “Es una posibilidad, la decisión no se ha tomado”. Ante esta incertidumbre, el magistrado fijó un plazo de 90 días para que la fiscalía confirme si solicitará la pena máxima contra el exlíder del Cártel de Guadalajara.

Caro Quintero enfrenta múltiples acusaciones, que incluyen crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y el asesinato de Camarena. Su próxima audiencia quedó programada para el 25 de junio en la Corte de Brooklyn.

Nueva abogada para Caro Quintero

Durante la sesión de este miércoles, la Corte asignó a una nueva abogada de oficio para Rafael Caro Quintero, considerando la posibilidad de que enfrente la pena de muerte. La defensora es Elizabeth Macedonio, experta en casos complejos y en litigios de alto perfil.

Hasta el momento, el Narco de Narcos no ha solicitado ser representado por un abogado privado. Sin embargo, se reporta que varios litigantes han mostrado interés en asumir la defensa del narcotraficante mexicano.

El caso de Caro Quintero sigue generando gran expectativa, pues su sentencia podría marcar un precedente en los procesos judiciales contra figuras clave del crimen organizado en México.