Un caso paradigmático
El lunes 3 de diciembre, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, desde Palacio Nacional, encendió los reflectores al confirmar acciones legales contra el juez Gregorio Salazar Hernández. La polémica surgió luego de que este último autorizara la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder del Cártel del Golfo.
¿Quién es ‘El Contador’ y por qué fue liberado?
José Alfredo Cárdenas Martínez es identificado como una figura clave en el Cártel del Golfo. Fue detenido bajo acusaciones de narcotráfico y crimen organizado, pero su liberación el 20 de noviembre conmocionó a la opinión pública.
El juez Gregorio Salazar determinó que la FGR no acreditó las causas que justificaban la prisión preventiva. Además, los abogados del acusado argumentaron arraigo domiciliario, eliminando supuestos riesgos de fuga. Con base en estos elementos, el juez ordenó su liberación.
FGR toma acción legal
Ante esta resolución, Gertz Manero anunció que la FGR no sólo impugnó la decisión, sino que abrió una carpeta penal contra el juez Salazar por delitos relacionados con la impartición de justicia. Según el fiscal, los elementos presentados por la FGR eran “suficientes” para mantener a ‘El Contador’ bajo custodia.
“Este es un caso paradigmático y no podemos permitir que se repita. Usaremos este caso para sentar un precedente”, afirmó Gertz Manero.
Implicaciones legales y políticas
Este caso pone en jaque la confianza en el sistema judicial mexicano. La FGR ha prometido un informe detallado para evidenciar posibles irregularidades en la liberación de ‘El Contador’. Además, se busca establecer responsabilidades más allá del juez involucrado.
La liberación de figuras criminales de alto perfil puede desencadenar repercusiones en la seguridad pública y la percepción de impunidad, afectando la gobernabilidad en estados clave como Tamaulipas, donde opera el Cártel del Golfo.
Un caso que marcará precedente
El fiscal Gertz Manero calificó este caso como emblemático en la lucha contra la corrupción judicial. Se espera que las acciones de la FGR sirvan como un ejemplo para reforzar los controles internos en el Poder Judicial y garantizar que las decisiones se apeguen a derecho.
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