La esperanza se niega a morir. Con fotografías en las manos y nombres escritos en pancartas, un grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada volvió a plantarse frente a Palacio Nacional. Siete años después del operativo de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina en 2018, las familias exigen lo mismo que el primer día: verdad, justicia y una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Siete años sin respuestas
Para Ericka Arredondo, madre de Julio César, el tiempo no ha borrado el dolor ni la indignación. “La FGR no ha localizado a ninguno de nuestros familiares. Faltan 32 personas, entre ellas mi hijo”, declaró durante la manifestación.
Los expedientes judiciales, según denuncian, están llenos de errores que han provocado fallos adversos y riesgo de impunidad. Los familiares aseguran que los cerca de 70 elementos de la Marina involucrados en el operativo aún no enfrentan condenas firmes, mientras que las investigaciones siguen estancadas en tecnicismos legales.
Fallas en la atención a víctimas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también fue señalada por negligencia. Los asesores jurídicos designados, dicen, desconocen las carpetas y no impulsan diligencias, limitándose a firmar documentos. Esta falta de acompañamiento jurídico adecuado agrava la sensación de abandono institucional.
Además, las familias recuerdan que la recomendación 36VG/2020 de la CNDH —emitida hace cinco años— sigue sin cumplirse. Ninguna de las familias ha recibido una reparación integral del daño, ni se han sostenido reuniones de seguimiento durante 2025.
Entre el silencio y la esperanza
El reclamo no es solo por justicia, sino también por dignidad. Los manifestantes acusan a la Comisión Nacional de Búsqueda de obstaculizar los operativos de localización, tanto en campo como en vida, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Cada día sin búsqueda, dicen, es un día perdido para encontrar a los suyos.
Tras días de protesta pacífica, fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia, quienes se comprometieron a organizar una reunión conjunta con la FGR, CNDH, CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, las familias desconfían. “No queremos más promesas, queremos resultados”, enfatizó una de las voceras.
El eco del 2018
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el operativo de la Marina dejó 54 víctimas: 19 halladas sin vida, tres con vida y 32 aún desaparecidas, entre ellas tres mujeres y dos menores. La cifra, más que un dato, es el recordatorio de una herida abierta que atraviesa familias, comunidades y generaciones.
Siete años después, la impunidad sigue siendo la norma. Pero el regreso de las familias a la capital del país representa algo más que una protesta: es un acto de memoria colectiva. En cada pancarta, en cada voz quebrada, se mantiene viva la exigencia de verdad.
Un llamado al gobierno de Sheinbaum
Los familiares han regresado a Nuevo Laredo con una mezcla de cansancio y esperanza. Confían en que Claudia Sheinbaum cumpla el compromiso de instalar mesas de trabajo reales y no simbólicas. Para ellos, esta audiencia podría ser el inicio de una reparación histórica o, si el gobierno falla, una nueva decepción en la larga lista de promesas incumplidas.
La historia continúa. Porque mientras no haya justicia, no habrá paz para las familias que siguen buscando bajo el sol de Tamaulipas.
