El aumento de extorsiones y cobro de derecho de piso en México ha impactado gravemente al sector empresarial, con pérdidas estimadas en 21 mil millones de pesos durante los primeros nueve meses del año. Jorge Peñuñúri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, advirtió que estas cifras reflejan solo una parte del problema, ya que la gran mayoría de los delitos no se denuncian, alimentando una cifra negra del crimen.
Inseguridad y su impacto en el sector productivo
Durante el Foro Buenas Prácticas en Materia de Seguridad, Peñuñúri destacó que la delincuencia afecta tanto a grandes corporativos como a pequeños negocios, con un alto porcentaje de extorsiones realizadas vía telefónica, muchas desde los penales. El 30 % restante corresponde al cobro de derecho de piso ejercido directamente contra comercios, transportistas y empresarios.
Costo de extorsiones y medidas de seguridad
Según la encuesta Data Coparmex, las extorsiones han mantenido altos costos en los últimos años, con 24 mil millones en 2023 y alrededor de 21 mil millones en 2024. Ante esta situación, el sector privado invierte en promedio 30 mil pesos por empresa anualmente en medidas de seguridad, incluyendo cámaras, vigilantes y vehículos blindados. Además, los incrementos en primas de seguros y penalizaciones logísticas elevan aún más los costos.
Impacto en competitividad y economía
Armando Zúñiga, vicepresidente de comunicación de Coparmex, señaló que alrededor del 10 % del valor del producto transportado se destina únicamente a seguridad. Este gasto afecta directamente la competitividad y la rentabilidad de las empresas. La inseguridad también limita la inversión extranjera: se estima que 12 % de la inversión planeada no llega al país por temor al crimen organizado y la falta de garantías.
Llamado a una Ley de Extorsión y políticas de prevención
Ante el panorama, la Coparmex insistió en la necesidad de aprobar una Ley de Extorsión que permita a ministerios públicos y fuerzas federales actuar con mayor eficacia. Asimismo, urgieron al Gobierno federal y al Congreso a reforzar las estrategias de prevención, destacando que sin seguridad no es posible un crecimiento económico sostenible.
Consecuencias sociales y estratégicas
Las extorsiones y el derecho de piso no solo afectan a empresarios, sino que tienen repercusiones en toda la cadena económica del país, generando aumento de precios, pérdida de competitividad, desincentivo a la inversión y riesgos constantes para los trabajadores. La falta de denuncia y la impunidad alimentan la expansión del crimen organizado, reforzando la necesidad de políticas integrales de seguridad y justicia que protejan al sector productivo y a la ciudadanía.
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