Una grave contradicción expone la crisis de seguridad en Tijuana. Mientras la Cámara de Comercio (CANACO) denuncia públicamente que sus afiliados son víctimas de «cobro de piso», la Fiscalía General del Estado asegura no tener una sola denuncia formal al respecto.
Un peligroso abismo de silencio y miedo parece separar la realidad de los comerciantes de Tijuana de las estadísticas oficiales de la justicia. La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de la ciudad, a través de su presidente Olivaldo Paz, ha lanzado una seria acusación: sus comerciantes afiliados están siendo víctimas de «cobro de piso«, una de las formas más viles de extorsión.
Sin embargo, la respuesta de la máxima autoridad de procuración de justicia en el estado, la Fiscal General María Elena Andrade Ramírez, ha sido contundente y reveladora: «no tenemos denuncias».
Esta discrepancia entre la denuncia pública de un líder empresarial y la ausencia de expedientes en los archivos de la fiscalía no sugiere que el delito no exista. Por el contrario, apunta a una realidad mucho más sombría: el miedo de las víctimas a denunciar es tan grande que paraliza el sistema de justicia.
El círculo vicioso del miedo
La situación plantea un dilema clásico de la seguridad en México, un círculo vicioso que permite que la extorsión prospere:
- El Crimen: Grupos criminales exigen a los comerciantes un pago periódico a cambio de no hacerles daño a ellos, a sus familias o a sus negocios.
- El Miedo a la Represalia: Las víctimas, aterradas, saben que denunciar ante las autoridades los convierte en un blanco directo y visible para los criminales. Temen que la represalia sea violenta y letal.
- La Falta de Denuncia: Por miedo, los comerciantes optan por pagar en silencio o, en el peor de los casos, cerrar sus negocios. No acuden al Ministerio Público.
- La Inacción Oficial: Sin una denuncia formal, la fiscalía argumenta que legalmente no puede iniciar una investigación. «Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir», es la lógica del sistema.
Este ciclo de impunidad es precisamente lo que el presidente de la CANACO intenta romper al hacer pública la situación, buscando presionar a las autoridades para que actúen de oficio y generen las condiciones de confianza necesarias para que las víctimas se atrevan a hablar.
¿Estrategias proactivas?
Mientras este debate ocurre, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha implementado otras estrategias, como la instalación de módulos de denuncia en parques industriales y maquiladoras, para atender otros delitos como asaltos y robos que afectan a los trabajadores. Sin embargo, el problema del «cobro de piso» al pequeño y mediano comerciante parece requerir una estrategia diferente, una que logre romper primero la barrera del miedo.
La pregunta que queda en el aire y que resuena en cada local comercial de Tijuana es: ¿quién dará el primer paso? ¿Esperarán las autoridades a que las víctimas arriesguen su vida denunciando, o implementarán un plan proactivo que les garantice protección y anonimato para poder actuar?
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