La extorsión es uno de los delitos más comunes y, a la vez, más silenciosos en México. Aunque el país registró 10,337 denuncias en 2023, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que menos del 7% de las víctimas se atreven a denunciar. Entidades como el Estado de México, Veracruz y Guanajuato encabezan las listas de casos reportados, mientras que regiones como Yucatán y Tlaxcala muestran cifras significativamente menores.
En este artículo, analizamos las cifras, causas y medidas para combatir este fenómeno que afecta a millones de mexicanos, destacando cómo la reciente reforma para tipificar la extorsión como delito grave podría cambiar el panorama.
Cifras alarmantes y una realidad subestimada
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2023 cerró con una cantidad casi idéntica de denuncias a las registradas en 2022. Sin embargo, este aparente estancamiento podría reflejar una realidad más preocupante: el miedo a las represalias y la falta de confianza en las instituciones judiciales disuaden a las víctimas de acudir a las autoridades.
Un informe de la ONG Causa Común revela que, entre 2018 y 2024, se contabilizaron 56,607 víctimas de extorsión, un aumento del 59% en comparación con administraciones anteriores.
Modalidades más comunes de extorsión
El estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) detalla las formas más habituales en que opera la extorsión:
- Cobro de piso: Imposición de cuotas a negocios bajo amenaza de daño.
- Amenazas telefónicas: Exigen dinero a cambio de no cumplir amenazas falsas, como secuestros.
- Extorsión digital: Casos donde delincuentes obtienen información a través de redes sociales para presionar a las víctimas.
Estas prácticas han encontrado nuevos métodos para operar, como la tecnología, lo que complica aún más su combate.
Prisión preventiva para extorsionadores: ¿La solución?
Con la reciente reforma al artículo 19 constitucional, la extorsión se incluyó como delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Esta medida busca reducir la impunidad, pero enfrenta críticas por no abordar el problema estructural de raíz:
- Falta de recursos policiales y judiciales.
- Baja confianza en las instituciones.
- Ausencia de programas de apoyo a víctimas.
La reforma, sin embargo, ha sido aplaudida por grupos empresariales que sufren los embates del cobro de piso.
Impacto en el sexenio de López Obrador
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador presumió reducciones del 70% en delitos graves como el secuestro, reconoció que la extorsión seguía siendo un reto. Desde Palacio Nacional, admitió que este delito daña gravemente a la sociedad y representa un desafío para futuras administraciones.
Soluciones integrales: Más allá de la prisión preventiva
Para abordar este problema de manera efectiva, México necesita:
- Campañas de prevención y educación: Informar a la ciudadanía sobre cómo identificar y evitar situaciones de extorsión.
- Fortalecimiento de las instituciones: Crear unidades especializadas para investigar este delito.
- Tecnología para el rastreo de extorsionadores: Implementar herramientas digitales para rastrear llamadas y transferencias ilícitas.
Un delito que no puede esperar
La extorsión en México no solo es un delito; es un reflejo de la inseguridad y la desigualdad. La reforma para incluirla como delito grave es un paso importante, pero queda un largo camino por recorrer. La sociedad y el gobierno deben trabajar juntos para construir un entorno donde las víctimas se sientan protegidas y los delincuentes sean castigados.
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