La expropiación de terrenos del Tren Maya dio un nuevo paso formal esta semana tras la publicación de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación. El documento confirma que el gobierno federal procederá a la ocupación inmediata de más de 44 mil metros cuadrados de propiedad privada en cuatro estados del sureste del país, como parte del avance de distintos tramos del megaproyecto ferroviario.
La decisión se sustenta en la figura de utilidad pública y abarca un total de 26 inmuebles distribuidos en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Desde este momento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) queda facultada para tomar posesión de los predios, incluyendo las construcciones e instalaciones existentes, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras.
El decreto presidencial y el alcance territorial del proyecto
El decreto establece que la expropiación de terrenos del Tren Maya está directamente vinculada con la ejecución de los tramos 1, 3, 5, 6 y 7 del proyecto. Los predios se localizan en municipios estratégicos para el trazo ferroviario, como Palenque, en Chiapas; Candelaria y Calakmul, en Campeche; Mérida e Izamal, en Yucatán; así como Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo.
La dispersión geográfica de los terrenos refleja la magnitud territorial del Tren Maya y la complejidad administrativa que implica su construcción. Cada uno de estos puntos forma parte de un corredor que busca conectar zonas históricamente marginadas con polos turísticos y económicos ya consolidados.
Ocupación inmediata y derechos de los propietarios
Uno de los elementos centrales del decreto es la ocupación inmediata de los terrenos. A partir de la entrada en vigor del documento, Sedatu puede tomar posesión legal de los inmuebles, aun cuando el proceso de indemnización no se haya concluido.
El texto oficial señala que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá cubrir el monto de la indemnización correspondiente con cargo a su presupuesto autorizado. Dicho monto será determinado conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, aunque el decreto no precisa cifras ni rangos de compensación.
Los propietarios afectados conservan el derecho de inconformarse, pero únicamente respecto al monto de la indemnización. Para ello, cuentan con un plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación para iniciar el procedimiento judicial correspondiente.
La expropiación de terrenos del Tren Maya y la figura de utilidad pública
La expropiación de terrenos del Tren Maya se apoya jurídicamente en la declaratoria de utilidad pública, una figura contemplada en la legislación mexicana que permite al Estado adquirir bienes privados cuando estos son considerados necesarios para proyectos de interés colectivo.
En este caso, el gobierno federal argumenta que el Tren Maya es una obra prioritaria para el desarrollo regional, la conectividad y el impulso económico del sureste. Bajo esta lógica, la expropiación no implica una pérdida definitiva de derechos sin compensación, sino una transferencia obligatoria con obligación de pago.
El decreto también incluye una cláusula relevante: si los terrenos expropiados no son destinados a las acciones que motivaron la expropiación dentro de un plazo de cinco años, las personas afectadas podrán ejercer acciones legales para reclamar sus derechos, dentro de los dos años siguientes a que dicha exigencia sea procedente.
Impacto regional y lectura política del decreto
Más allá del aspecto legal, la expropiación tiene un impacto directo en comunidades locales y propietarios privados. Para algunos, representa la integración forzada a un proyecto de alcance nacional; para otros, una oportunidad de compensación económica asociada a una obra de gran escala.
En términos políticos, el decreto reafirma la determinación del gobierno federal de avanzar sin retrasos en el Tren Maya, incluso en tramos donde persisten resistencias o procesos pendientes. La ocupación inmediata envía una señal clara de prioridad institucional y de continuidad del proyecto como política de Estado.
Un paso más en la consolidación del proyecto ferroviario
La expropiación de terrenos del Tren Maya se suma a una serie de decisiones administrativas y legales que han marcado el desarrollo del proyecto desde su concepción. Con este decreto, el gobierno asegura el control territorial necesario para completar los tramos pendientes y mantener el calendario de operación previsto.
Al cierre, el avance del Tren Maya vuelve a colocarse en el centro del debate público, donde convergen desarrollo, legalidad, derechos de propiedad y visión de largo plazo. Mientras las obras continúan, la expropiación de terrenos del Tren Maya se consolida como una de las herramientas clave para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.
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