El gobierno federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se expropian 48,661.703 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada para el desarrollo del proyecto del Tren Maya, equivalente a 4.8 hectáreas en total.
De acuerdo con el documento, la expropiación se realiza por causa de utilidad pública y abarca 14 inmuebles ubicados en distintos municipios de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, zonas por donde cruzan los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 de la obra ferroviaria.
Los predios se localizan en los municipios de Candelaria, Champotón y Campeche, en Campeche; Tenosique, en Tabasco; Umán, en Yucatán; así como Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.
El decreto establece que la expropiación incluye no solo la superficie de los terrenos, sino también las construcciones e instalaciones que formen parte de los mismos.
Asimismo, se indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los bienes, sin que la interposición de recursos legales suspenda dicha acción.
En cuanto a la compensación, el documento señala que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes con base en los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a quienes acrediten la propiedad legal de los predios.
Las personas afectadas podrán acudir a un procedimiento judicial dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del decreto, únicamente para impugnar el monto de la indemnización.
También se establece que la empresa deberá revisar y, en su caso, ajustar los actos jurídicos previos relacionados con los inmuebles expropiados, tomando en cuenta pagos realizados con anterioridad para descontarlos del monto final de indemnización.
Finalmente, el decreto señala que, en caso de que los terrenos no sean utilizados para el fin que motivó la expropiación en un plazo de cinco años, los afectados podrán ejercer las acciones legales correspondientes dentro de los dos años siguientes.
El decreto entró en vigor este mismo día, tras su publicación oficial.
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