En la conferencia matutina de este jueves, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un informe que ha desatado la polémica: cientos de exfuncionarios pensionados de Pemex y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben pagos que superan con creces el promedio nacional. Según el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, 14 mil extrabajadores cobran sumas que van de 100 mil a un millón de pesos al mes.
“Hay un exservidor público que percibe más de un millón de pesos mensuales; otros 33 reciben entre 700 y 999 mil pesos”, detalló Buenrostro. Para ponerlo en contexto, la pensión promedio en México ronda los 7 mil 92 pesos, lo que significa que algunos jubilados de LyFC reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.
Luz y Fuerza del Centro: pensiones históricas y polémicas
El caso de Luz y Fuerza del Centro es emblemático: aún después de su liquidación, 14 mil extrabajadores siguen recibiendo pensiones que suman 28 mil millones de pesos anuales. Entre ellos, 3 mil 504 perciben más que el sueldo neto de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este desajuste ha generado cuestionamientos sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones, especialmente considerando que estas prestaciones se mantienen vigentes desde hace más de 16 años.
Pemex: jubilaciones de lujo en la petrolera nacional
Pemex también figura en el análisis. La petrolera cuenta con 22 mil 316 personas jubiladas, bajo el régimen de confianza, con un pago anual de 24 mil 844 millones de pesos. De estos, 544 pensionados superan las percepciones de la presidenta, sumando un total de 1 mil 827 millones de pesos anuales.
Otros datos revelan que 618 pensiones superan el salario anual bruto del Director General de Pemex y 1,096 sobrepasan el máximo del tabulador salarial vigente. En promedio, los jubilados de Pemex reciben hasta 39 veces más que el pensionado mexicano promedio.
¿Qué medidas tomará el gobierno para regular estas pensiones?
Frente a este escenario, el gobierno plantea acciones estratégicas para revisar la legalidad y redirigir recursos hacia planes sociales:
- Mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE, SHCP y SABG para evaluar legalidad y ajustes.
- Oficio Circular para normar los requisitos de supervivencia de los pensionados.
- Convenios de colaboración con RENAPO y registros civiles para agilizar la verificación de información.
- Homologación de expedientes de pensionados para una gestión transparente en la APF.
Estas medidas buscan garantizar que los recursos destinados a pensiones sean justos, transparentes y sostenibles, mientras se protege el interés público y se combate la inequidad.
El debate sobre la equidad y el gasto público
La revelación de estas cifras ha encendido el debate sobre el gasto público en México y la necesidad de revisar esquemas de jubilación que parecen desproporcionados frente al promedio nacional. Mientras algunos defienden la legalidad histórica de estos pagos, otros cuestionan su impacto social y la oportunidad de redirigir esos recursos a proyectos que beneficien a más ciudadanos.
El tema continuará en la agenda pública, con mesas de análisis y posibles reformas que podrían transformar el sistema de pensiones en México.
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