La administración de Claudia Sheinbaum publicó oficialmente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública(ENSP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como un documento rector que guiará las políticas, programas y acciones para devolver la paz y el orden al país. Esta estrategia nacional traza una hoja de ruta enfocada en consolidar un modelo de seguridad ciudadana, centrado en el respeto a los derechos humanos, la prevención de la violencia y la coordinación entre instituciones.
A continuación, se presenta un análisis periodístico a profundidad de este documento y se destacan sus ejes principales, metas a corto y mediano plazo, implicaciones para la región sureste del país, particularmente Quintana Roo, y los retos que enfrenta la nación en materia de seguridad.
Un diagnóstico nacional que reconoce la complejidad del crimen
El documento arranca con un diagnóstico honesto: México enfrenta una crisis multidimensional en seguridad que ha sido alimentada por el abandono del tejido social, la corrupción institucional, la impunidad, y el crecimiento exponencial del crimen organizado. En contraste con estrategias anteriores centradas en el uso militar y punitivo de la fuerza, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública busca redirigir el rumbo hacia una estrategia integral con base territorial, preventiva y humanista.
El gobierno enfatiza que, si bien ha habido avances en la consolidación de la Guardia Nacional y la disminución de ciertos delitos, el país sigue enfrentando desafíos estructurales como la expansión de economías ilegales, el debilitamiento de policías locales, y la violencia de género.
Principales objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
La ENSP establece cinco objetivos principales que articulan la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum:
1. Reducción sostenible de la violencia y los delitos prioritarios.
2. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
3. Prevención social de la violencia y reconstrucción del tejido comunitario.
4. Combate a la impunidad y corrupción.
5. Coordinación territorial con énfasis en municipios de atención prioritaria.
Cada objetivo se desarrolla con metas mensurables y un marco de acción interinstitucional que incluye dependencias como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR), además de gobiernos estatales y municipales.
Ejes estratégicos: prevención, inteligencia, y proximidad social
La ENSP gira sobre cuatro ejes transversales:
1. Prevención de la violencia y atención a las causas.
Se fortalecerán los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez, a fin de alejar a las juventudes de actividades ilícitas.
2. Modelo nacional de policía y justicia cívica.
Se busca profesionalizar y dignificar a las policías municipales y estatales, integrando una perspectiva de proximidad social y justicia cívica.
3. Combate a los delitos de alto impacto.
Se priorizará la inteligencia y el uso de tecnologías para desarticular estructuras del crimen organizado, con enfoque en delitos como homicidio, extorsión, trata y secuestro.
4. Fortalecimiento institucional.
Incluye acciones para eliminar la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad y justicia, garantizando transparencia, rendición de cuentas y mecanismos ciudadanos de supervisión.
Guardia Nacional: despliegue y consolidación
Uno de los pilares de esta estrategia es la consolidación de la Guardia Nacional como fuerza policial de carácter civil, disciplinada y profesional, con un enfoque de proximidad social. A la fecha, la Guardia ha sido desplegada en más de 260 regiones del país, y la estrategia busca incrementar su presencia con bases permanentes, mejor equipamiento y formación en derechos humanos.
El nuevo plan establece también que la Guardia trabajará en coordinación con policías estatales, fiscales locales y juzgados cívicos, como parte de un modelo de seguridad regionalizado, que reconoce la diversidad de los territorios mexicanos.
Mujeres y seguridad: una línea transversal
La Estrategia incluye un apartado específico para la seguridad de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, respondiendo a una exigencia de largo aliento de colectivos feministas y defensoras de derechos humanos. Se promoverán medidas como:
• Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.
• Protocolos policiales de atención diferenciada.
• Capacitación en perspectiva de género a cuerpos de seguridad.
• Protección y justicia para víctimas de feminicidio, desaparición y violencia familiar.
Impacto directo en la península de Yucatán
La Estrategia identifica regiones prioritarias, y la península de Yucatán, particularmente Quintana Roo, ocupan un lugar destacado debido al crecimiento demográfico, la presión turística, la violencia patrimonial y la expansión de redes delictivas vinculadas al narcomenudeo y trata de personas.
Para Quintana Roo, los principales focos de atención serán:
• Fortalecimiento del C5 y creación de un nuevo centro regional de inteligencia.
• Ampliación del despliegue de la Guardia Nacional en puntos turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.
• Profesionalización de las policías municipales y dotación de tecnología.
• Acciones conjuntas contra la trata de personas y explotación sexual infantil, en colaboración con agencias internacionales.
• Protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Además, se contempla el desarrollo de programas de prevención con énfasis en juventudes en zonas urbanas de alta marginación como la periferia de Cancún o la región continental de Isla Mujeres.
Municipios prioritarios: intervención focalizada
A través del modelo de coordinaciones regionales, la ENSP seleccionará municipios con alta incidencia delictiva y condiciones de vulnerabilidad institucional para realizar intervenciones focalizadas. Estos municipios recibirán apoyo técnico, recursos, acompañamiento federal y monitoreo permanente. En el sureste, algunos de estos municipios serán Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Carmen (Campeche).
Esta lógica busca revertir el abandono de las policías locales y generar entornos seguros a través de política pública integrada, no solamente operativos de seguridad.
Desafíos estructurales: corrupción, impunidad y desigualdad
Aunque la estrategia ofrece un enfoque integral, reconoce que su éxito depende de la capacidad institucional para ejecutar, coordinar y evaluar los planes propuestos. La corrupción dentro de los cuerpos policiales, la impunidad judicial y la desigualdad estructural siguen siendo barreras que deben enfrentarse desde múltiples frentes.
La participación ciudadana es importante: se crearán comités ciudadanos de seguridad en los municipios, se impulsará la contraloría social, y se reforzará la transparencia en el gasto de seguridad pública.
Tecnología e inteligencia: herramientas del siglo XXI
Se apuesta por una política de seguridad basada en inteligencia criminal, uso de bases de datos, análisis geoespacial y plataformas interoperables. Entre las acciones destacadas están:
• Implementación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (SINISP).
• Uso de drones, cámaras inteligentes y software predictivo para la prevención del delito.
• Creación de un Centro Nacional de Inteligencia Operativa, con sede en la Ciudad de México.
• Integración de las fiscalías estatales a una red nacional de análisis criminal.
Evaluación y rendición de cuentas
Cada acción será evaluada de forma trimestral a través de indicadores de desempeño y resultados, con revisiones periódicas a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se implementará una metodología de evaluación externa con organismos académicos y de la sociedad civil, que garantizarán la objetividad y mejora continua.
Asimismo, se prevé la creación de un portal público de seguimiento, donde cualquier ciudadano podrá consultar los avances por región, delito y dependencia.
¿Una estrategia transformadora?
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública representa un intento serio de transformar las condiciones estructurales que han perpetuado la violencia en México. Si bien algunos elementos retoman propuestas de gobiernos anteriores —como el despliegue territorial o la consolidación de la Guardia Nacional—, lo novedoso es la centralidad de la prevención, la justicia cívica, y la articulación con programas sociales y territoriales.
La implementación será el mayor reto. Lograr que estas medidas lleguen de forma efectiva a los municipios más vulnerables, como los de la península de Yucatán, dependerá del compromiso político, la inversión adecuada y la vigilancia ciudadana.
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