El 8 de octubre de 2024, la nueva administración presentó la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, un plan que define las prioridades y el enfoque de seguridad para los próximos seis años. Durante la “mañanera del pueblo”, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) delineó los cuatro ejes que guiarán esta política: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación absoluta entre el gobierno federal y los estados. Sin embargo, aunque la estrategia presenta objetivos claros, ha dejado numerosas dudas sobre su implementación y viabilidad.
Cuatro ejes, un objetivo: neutralizar la violencia
La Estrategia Nacional de Seguridad establece sus prioridades en cuatro ejes:
- Atención a las causas de la violencia: Este eje busca atacar las raíces de la inseguridad con políticas sociales focalizadas en las familias más vulnerables. La intención es reducir la violencia desde su origen, brindando oportunidades y reduciendo la desigualdad que alimenta el crimen.
- Consolidación de la Guardia Nacional: La Guardia Nacional, pieza central de la política de seguridad, se fortalecerá para combatir el crimen organizado. La meta es convertirla en un cuerpo altamente efectivo que garantice seguridad en todo el país, similar al enfoque de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México.
- Fortalecimiento de inteligencia e investigación: La creación de una Subsecretaría especializada en inteligencia en la SSPC busca mejorar la investigación de delitos y reducir la violencia mediante un análisis más profundo de las organizaciones criminales.
- Coordinación y desarrollo policial local: Se priorizará la colaboración entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, con especial énfasis en el desarrollo de las policías estatales y municipales, a fin de aumentar su capacidad operativa y de respuesta.
Entre similitudes y diferencias: ¿una vuelta al enfoque de Calderón?
Varios analistas han señalado que esta estrategia retoma elementos de la política de seguridad implementada durante el mandato de Felipe Calderón, en particular el concepto de “neutralizar” a los generadores de violencia. La referencia a “blancos prioritarios” y la mención de un “sistema de evaluación para el desarrollo policial” ha suscitado comparaciones, ya que durante el sexenio de Calderón, la estrategia se centró en capturar a líderes criminales de alto perfil.
No obstante, la nueva estrategia parece enfocarse en un nivel intermedio de estos líderes criminales, lo cual plantea preguntas sobre los mecanismos que se usarán para identificar y clasificar a estos objetivos. ¿Habrá una lista oficial de generadores de violencia? ¿Cómo se coordinarán los distintos cuerpos de seguridad para localizarlos? Estas son algunas de las incógnitas que han surgido en torno a la nueva política de seguridad.
Dudas sobre la efectividad y los recursos de la SSPC
Uno de los aspectos más discutidos de la estrategia es la falta de personal operativo en la SSPC. Aunque la creación de una Subsecretaría de inteligencia es una medida aplaudida por especialistas, la realidad es que la SSPC carece de fuerza operativa para llevar a cabo las acciones de “neutralización” de los delincuentes prioritarios. Este trabajo recaerá principalmente en la Guardia Nacional y en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo cual implica una dependencia importante del ejército en asuntos de seguridad pública.
Otro punto de preocupación es el presupuesto asignado a la estrategia. Hasta ahora, no se han presentado cifras específicas sobre los recursos que se destinarán a las áreas clave, como el desarrollo policial local, la inteligencia o la investigación. Sin una asignación clara de recursos, existe el riesgo de que los objetivos planteados no puedan cumplirse.
Fortalecimiento del SESNSP: ¿cuáles son los planes?
El plan también propone revitalizar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y establecer un sistema de evaluación para los 32 estados, sus policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Aunque estos objetivos parecen necesarios para lograr una política de seguridad integral, aún no se han definido los indicadores específicos para medir el desarrollo de estos organismos.
Asimismo, es importante saber si se incluirán incentivos y sanciones para las entidades que cumplan o no con estos indicadores. Sin un sistema claro de evaluación, los esfuerzos para mejorar el desarrollo policial y reducir la violencia podrían carecer de impacto real y sostenible en el largo plazo.
La narrativa de un nuevo enfoque: ¿diferencia de forma o de fondo?
Aunque el gobierno actual ha cambiado la narrativa en torno a la seguridad, muchos expertos consideran que, en el fondo, el enfoque sigue siendo similar al de gobiernos anteriores. Las propuestas para crear una Academia Nacional de Seguridad, fortalecer el SESNSP y establecer mecanismos de evaluación son un avance en términos de institucionalización, pero la falta de claridad sobre los medios específicos para alcanzar estos objetivos deja abiertas muchas dudas.
El enfoque de Sheinbaum parece un intento de equilibrar el uso de fuerza con políticas de prevención, algo que podría marcar la diferencia. Sin embargo, es crucial que esta política incluya un componente de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la sociedad civil monitoree los avances y logre entender cómo se emplearán los recursos y cuál será el impacto real de cada iniciativa.
La urgencia de una estrategia operativa clara y efectiva
La Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 plantea objetivos claros y necesarios, pero su implementación dependerá en gran medida de una estructura operativa sólida y de un presupuesto suficiente. La sociedad mexicana espera una política de seguridad que logre reducir la violencia sin sacrificar derechos humanos ni depender excesivamente de las fuerzas armadas.
A medida que avance el sexenio, será fundamental que la SSPC ofrezca detalles sobre los medios y recursos que se destinarán a esta estrategia, así como mecanismos claros de evaluación y control. Solo así se podrá construir una política de seguridad que no solo combata la violencia, sino que logre cambios duraderos en la estructura social y en la percepción de seguridad en el país.
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