El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó este miércoles la creación del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, una reforma que reestructura por completo el sistema estatal de acceso a la información y rendición de cuentas.
La iniciativa, presentada por la gobernadora Mara Lezama hace una semana, fue avalada por mayoría con 18 votos a favor y 4 en contra durante la sesión ordinaria del pleno.
El nuevo organismo sustituirá al desaparecido Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo) y quedará adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, desde donde asumirá las tareas de resolución de recursos, administración de la Plataforma Nacional de Transparencia y supervisión de la información pública local.
La reforma fue defendida por la mayoría legislativa de Morena, que la calificó como un paso hacia un modelo más moderno, eficiente y ciudadano de transparencia. Sin embargo, la oposición cuestionó la pérdida de independencia del órgano garante, advirtiendo que el nuevo instituto dependerá directamente del Poder Ejecutivo.
Un instituto con rostro ciudadano
De acuerdo con el decreto aprobado, el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo será un órgano con autonomía técnica que coordinará el Subsistema Estatal de Transparencia, trabajará con los tres poderes del Estado y contará con un Consejo Consultivo Ciudadano para emitir recomendaciones y garantizar la participación social.
Para los ciudadanos, la reforma establece una atención más ágil, digital y cercana, además de mecanismos más claros para exigir rendición de cuentas y acceder a información pública de manera sencilla.
“En un Estado democrático, la transparencia y el acceso a la información son pilares esenciales para una gestión pública responsable, eficiente y comprometida con la ciudadanía”, se lee en el documento presentado por la gobernadora.
‘Abrir el gobierno al pueblo’
Desde la tribuna, el diputado César Frías, de Morena, aseguró que esta reforma modernizará por completo el marco legal de transparencia y protección de datos personales en Quintana Roo y convierte al Estado en un ejemplo nacional de transparencia con sentido social.
“Hoy damos un paso firme para fortalecer la confianza entre el gobierno y el pueblo. Ya no se trata de abrir archivos, sino de abrir el gobierno al soberano, y el soberano es el pueblo de Quintana Roo”, expresó.
El legislador destacó que el nuevo instituto contará con autonomía técnica y trabajará de la mano con la Secretaría Anticorrupción para garantizar que cada peso, cada decisión y cada documento estén al alcance de la ciudadanía.
“La transparencia, bajo el nuevo modelo, no es una consigna, sino un principio de la transformación. Cuando la gente tiene información puede decidir mejor, exigir con razón y participar en la construcción del futuro que nos pertenece a todas y a todos”, añadió.
‘No se eliminan derechos, se fortalecen’
La diputada Euterpe Gutiérrez, también de Morena, defendió la creación del Instituto como una medida que ordena y actualiza el sistema sin reducir los derechos de acceso a la información. “Nuestra gobernadora Mara Lezama ha sido clara desde el primer día: gobernar es rendir cuentas, abrir las puertas del Estado y devolverle a la ciudadanía el derecho a saber y decidir”, dijo.
Agregó que la reforma no busca eliminar la transparencia ni reducir derechos, sino fortalecerlos bajo una estructura moderna, coordinada y alineada al nuevo marco federal. También destacó que el nuevo modelo evita la duplicidad de esfuerzos y unifica políticas de ética pública y combate a la corrupción.
“Le hablo claro a los y las quintanarroenses: que no los engañen. Este proceso no debilita el derecho a la información, lo fortalece”, concluyó.
Por su parte, el diputado Hugo Alday Nieto, del PT, subrayó que la nueva legislación no sólo reorganiza el sistema, sino que incorpora herramientas innovadoras para fortalecer el principio de máxima publicidad y garantizar derechos ciudadanos.
Destacó que entre los avances de la nueva ley está la creación de un Diario de Debates legislativo, la publicación de versiones estenográficas de todas las sesiones y la inclusión de mecanismos para que personas con discapacidad puedan complementar sus solicitudes de información.
“Estas normas garantizan un ejercicio real del derecho a la información y establecen criterios de interpretación que generarán precedentes jurídicos, algo similar a la jurisprudencia, que da certeza a las y los ciudadanos”, explicó.
Alday añadió que la incorporación del entorno digital y el almacenamiento en la nube “lleva a Quintana Roo hacia una transparencia moderna, accesible y acorde a los tiempos actuales”, comentó.
Opositor critica el cambio
El diputado José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, votó en contra y lamentó que el Congreso avalara la desaparición de un organismo independiente como el Idaipqroo y criticó que el nuevo instituto quede bajo la Secretaría Anticorrupción, lo que a su juicio elimina su autonomía. Advirtió además que esta decisión podría tener un costo político a largo plazo.
“Estoy en contra de que la transparencia sea evaluada por aquellos dentro del propio gobierno. Es muy difícil que un gobierno se fiscalice a sí mismo. Por eso los institutos de transparencia en el mundo son independientes, porque no deben juzgar al mismo gobierno al que pertenecen”, señaló.
IMPULSAN PROFESIONALIZACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA
En sesión, los diputados aprobaron por unanimidad la descentralización de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, una iniciativa que fue impulsada por la gobernadora Mara Lezama parafortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales y abrir la formación en seguridad ciudadana a la sociedad civil.
Con 22 votos a favor, las y los diputados del Congreso avalaron el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado.
Durante la sesión, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, destacó que esta medida consolida uno de los ejes prioritarios del actual gobierno: la capacitación y profesionalización de quienes integran las instituciones de seguridad.
“La descentralización permitirá dotar a la Universidad de mayor autonomía técnica y administrativa para el diseño e impartición de programas académicos especializados”, comentó.
El proyecto establece que la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad tendrá como misión ofrecer educación superior en materia de seguridad ciudadana, justicia, legalidad y derechos humanos. Su estructura académica estará abierta tanto a las personas servidoras públicas como a la población en general interesada en incorporarse a las instituciones de seguridad estatales y municipales.
De acuerdo con el decreto aprobado, esta dualidad entre formación profesional y apertura ciudadana responde al principio de progresividad del derecho a la educación, al ampliar el acceso a estudios superiores al tiempo que fortalece las capacidades institucionales en áreas sensibles del aparato estatal. Con ello, se busca construir un modelo educativo de seguridad basado en la ética, el respeto a los derechos humanos y la participación comunitaria.
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