Embarazos en menores en Chiapas representan una grave crisis de derechos humanos vinculada, en su mayoría, a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad forzada, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias). La organización advirtió que el aumento de partos en niñas y adolescentes no puede normalizarse, ya que refleja fallas estructurales en la protección del interés superior de la niñez.
Embarazos en menores en Chiapas no son hechos aislados ni excepcionales. Para Redias, se trata de una problemática persistente que pone en evidencia la falta de políticas públicas eficaces, así como la tolerancia social hacia prácticas que anulan la autonomía, la identidad y los derechos fundamentales de niñas y adolescentes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
Incremento de embarazos y partos en niñas y adolescentes
La Redias alertó sobre el incremento de partos en niñas de entre 10 y 17 años, así como la continuidad de embarazos en menores de 14 años, una situación que la legislación mexicana e internacional considera particularmente grave. En estos casos, el embarazo suele estar asociado a delitos sexuales, dado que las niñas no tienen capacidad legal ni condiciones reales para otorgar un consentimiento válido.
La organización subrayó que estos embarazos configuran casos de fecundidad forzada, una práctica expresamente prohibida por la ley. Lejos de tratarse de decisiones libres, las niñas se ven atrapadas en dinámicas de violencia, coerción y desigualdad que perpetúan ciclos de pobreza y exclusión.
Un caso que refleja una crisis estructural
El parto de una menor tsotsil de 13 años, ocurrido el pasado 2 de enero en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, fue señalado por Redias como un ejemplo emblemático de esta problemática. La organización afirmó que este hecho “no es un caso aislado”, sino el reflejo de una crisis de derechos humanos y violencia estructural en Chiapas.
Según Redias, la falta de acompañamiento institucional, la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y la débil respuesta del Estado contribuyen a que estos casos se repitan. La situación se agrava en comunidades indígenas, donde las niñas enfrentan barreras adicionales relacionadas con la discriminación, el acceso limitado a servicios de salud y justicia, y la normalización de prácticas nocivas.
Marco legal y prohibición del matrimonio infantil
La Red recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. Esta legislación prohíbe de manera explícita cualquier práctica que vulnere su integridad física, psicológica o emocional, incluyendo el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.
A pesar de este marco legal, Redias advirtió que en Chiapas persisten prácticas culturales y sociales que colocan a las niñas en situaciones de riesgo extremo. Estas uniones no solo interrumpen su desarrollo integral, sino que las exponen a violencia sexual, embarazos tempranos y abandono escolar.
Exigencias a los tres niveles de gobierno
Ante este panorama, la Redias exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal adoptar medidas urgentes y coordinadas. Entre sus principales demandas se encuentra combatir de manera frontal los matrimonios forzados y las uniones tempranas, así como fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana de la violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Asimismo, la organización pidió garantizar la atención integral a las víctimas, que incluya servicios médicos, psicológicos y legales, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Para Redias, la respuesta institucional debe priorizar la protección de las niñas y no la preservación de prácticas que vulneran su dignidad.
Derecho a la interrupción legal del embarazo
Uno de los puntos centrales de la exigencia de Redias es el cumplimiento estricto de la NOM-046-SSA, que establece que toda niña, adolescente o mujer víctima de violencia sexual tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, sin necesidad de autorización judicial.
La organización enfatizó que este derecho debe garantizarse sin criminalización ni revictimización, y con información clara y accesible. Negar u obstaculizar este servicio, advirtió, constituye una violación adicional a los derechos de las víctimas.
Restitución de derechos y no repetición
Redias también demandó que las autoridades, en particular la Procuraduría de Protección, elaboren un plan de restitución de derechos para cada caso, que asegure la protección integral de las niñas afectadas y prevenga la repetición de la violencia.
La organización concluyó que atender los embarazos en menores en Chiapas requiere más que respuestas aisladas: implica reconocer la magnitud del problema, erradicar prácticas dañinas y garantizar que ninguna niña sea obligada a vivir una maternidad impuesta. Solo así, señaló, será posible avanzar hacia una verdadera protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
