Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de reforma con la que se busca fortalecer las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
La propuesta fue impulsada por el diputado del PRI, Filiberto Martínez, quien explicó que la violencia infantil sigue siendo un problema dentro de la población que no da tregua y que atenta en contra del correcto desarrollo de las infancias, por lo que es necesario establecer las acciones para proteger la integridad de los menores.
“Tan solo en 2020, más de 27 mil menores de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales del país por ser víctimas de violencia familiar o no familiar. En el estado, se reciben en promedio 11 denuncias diarias por maltrato infantil en las principales ciudades del estado. Entre enero y octubre de 2023 se registraron 688 llamadas alertando sobre violencia contra menores dentro de sus propios hogares. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes cuya integridad física, emocional y psicológica está en riesgo. No podemos normalizar esto”, dijo Martínez.
El legislador explicó que el maltrato infantil no se limita a golpes. Incluye abuso psicológico, abuso sexual, negligencia, abandono y explotación laboral, todos ellos con consecuencias que pueden marcar a una persona durante toda su vida.
El vacío legal que busca atender la reforma
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que, actualmente, las órdenes de protección están claramente desarrolladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no de forma específica para niñas, niños y adolescentes en la Ley de Víctimas del estado.
“Hoy existe un vacío legal que deja a muchos menores sin una protección clara, inmediata y especializada”, explicó el diputado.
Aunque la Ley de Víctimas menciona que los menores deben recibir garantías especiales, no define con precisión cuáles son esas medidas, cómo se aplican ni cuánto tiempo duran.
Esto significa que un niño que sufre violencia en casa tendría que seguir conviviendo con su agresor mientras se investiga el caso, o que no existan restricciones claras para impedir que el agresor se acerque.
Órdenes de protección más claras, más rápidas y más largas
En ese sentido, la iniciativa propone que las órdenes de protección especiales para menores queden claramente establecidas en la ley, con una duración inicial de hasta 60 días, prorrogables por 30 más o por el tiempo que dure la investigación.
Además, se plantea que estas medidas deban emitirse de manera inmediata, desde el momento en que la autoridad tenga conocimiento de los hechos.
“Lo que buscamos es que no haya excusas, ni retrasos. La autoridad investigadora deberá expedir estas medidas de protección de manera inmediata”, enfatizó Martínez.
Por ejemplo, si una maestra detecta signos de violencia en un alumno y lo reporta, la Fiscalía podría ordenar de inmediato que el menor sea resguardado, que el agresor tenga prohibido acercarse o que se supervise cualquier contacto.
Evitar la revictimización: el otro gran objetivo
Otro aspecto importante que considera la propuesta, es evitar que los menores sean revictimizados. Es decir, que después de denunciar, sigan expuestos al agresor por falta de medidas claras.
“La autoridad deberá notificar de inmediato a la persona agresora sobre las órdenes de protección impuestas. Esto evita que aleguen desconocimiento y continúen acercándose a la víctima”, explicó el diputado.
Esto es especialmente importante en casos donde el agresor vive en el mismo domicilio o frecuenta los mismos espacios, como escuelas, parques o centros comunitarios.
Más facultades para proteger mejor
La iniciativa también plantea reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y al Código Penal, para que las autoridades investigadoras tengan atribuciones claras para emitir estas órdenes de protección, y para que los jueces puedan ratificarlas o ampliarlas.
Con ello, se busca construir un andamiaje legal más sólido que priorice la seguridad de los menores por encima de cualquier trámite burocrático.
“Lo que queremos es que la protección sea ampliada, real y acorde a los estándares constitucionales e internacionales”, comentó el diputado.
