Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal estatal que busca endurecer las sanciones por el delito de violencia familiar cuando éste sea cometido en contra de mujeres embarazadas o mayores de 60 años.
La propuesta fue presentada por el diputado del partido Morena, Arturo Sanén, quien destacó la urgencia de atender esta problemática con un enfoque de justicia social y protección diferenciada.
Mencionó que a través de esta propuesta, se reformaría el artículo 176 quáter del Código Penal del Estado, estableciendo una nueva agravante que permitiría aumentar hasta en una tercera parte tanto el límite mínimo como el máximo de la pena vigente, actualmente de seis meses a cinco años de prisión, lo que podría elevar la sanción hasta siete años, dependiendo de la determinación judicial.
“Lo que buscamos con esta iniciativa es que a partir de ahora se contemple una nueva agravante para el delito de violencia familiar, cuando sea cometido en contra de mujeres embarazadas y de mujeres mayores de 60 años”, explicó Sanén.
El legislador argumentó que esta propuesta responde a un contexto preocupante de violencia estructural en la entidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, el 70.4% de las mujeres mayores de 15 años en Quintana Roo ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que supera la media nacional, ubicada en 70.1%.
“Necesitamos una mayor protección normativa para las mujeres embarazadas y de la tercera edad que son sujetos del delito de violencia familiar. El embarazo no sólo es una transformación física y emocional, sino también un aumento en la exposición a riesgos, especialmente en contextos de violencia”, advirtió el legislador.
Sanén también detalló que muchas mujeres en esta etapa enfrentan problemáticas adicionales para abandonar relaciones abusivas, como la dependencia económica, la falta de redes de apoyo o el temor a represalias, lo que agrava su vulnerabilidad.
“Es una situación que requiere de una respuesta firme y de la que se ha hecho muy poco en el Estado. Con esta reforma ejercemos una medida de justicia social, y hacemos del ordenamiento penal un instrumento más sensible y adecuado a las condiciones reales que enfrentan las mujeres en esta etapa de su vida”, dijo.
La iniciativa ha sido turnada a comisiones para su análisis y forma parte de una agenda legislativa más amplia que, según Sanén, busca ampliar el margen de acción del Poder Legislativo en el diseño de políticas penales más humanas y efectivas, especialmente en temas de violencia de género.
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