Nuevo León se prepara para la histórica elección popular de jueces, una medida federal que genera temor a la infiltración de los cárteles en el poder judicial. Conoce los riesgos.
En vísperas de la primera elección popular de jueces en la historia de México, crece la preocupación en Nuevo León sobre si este experimento democrático servirá para limpiar el poder judicial o si, por el contrario, abrirá las puertas a la manipulación política y la infiltración del crimen organizado.
Nuevo León, un estado que es a la vez un motor económico y un campo de batalla para el crimen organizado, se enfrenta a un experimento democrático de alto riesgo: la elección por voto popular de todos sus jueces, desde magistrados locales hasta la Suprema Corte.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal como una medida para combatir la corrupción y hacer que el sistema de justicia rinda cuentas a los ciudadanos, ha sido recibida con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo. Críticos a nivel nacional temen que la votación, con más de 7,000 candidatos para 2,600 puestos en todo el país, sea vulnerable a la influencia de poderes fácticos.
Un experimento democrático o una caja de Pandora
La premisa de la elección es simple: que el pueblo elija directamente a sus jueces para romper con un sistema que, según el presidente López Obrador, ha servido a los intereses de las élites políticas y económicas. Sin embargo, para un estado como Nuevo León, la realidad es mucho más compleja.
El riesgo latente es que las organizaciones con mayor poder económico e intimidatorio —es decir, los cárteles— estén en una posición privilegiada para influir en una elección popular. Pueden hacerlo financiando campañas de candidatos afines, intimidando a oponentes o incluso postulando a sus propios operadores.
«Uno [de los candidatos a juez a nivel nacional] fue arrestado por traficar metanfetamina. Otro está implicado en una investigación por asesinato». – Reporte de Al Jazeera sobre la calidad de algunos candidatos en el proceso.
Precedentes que encienden las alarmas
La preocupación no es teórica. A nivel nacional, ya han surgido casos de candidatos con antecedentes cuestionables que han logrado llegar a las boletas. Uno de los casos más controvertidos es el de Silvia Delgado, una abogada que defendió al cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, y que ahora compite para ser jueza en Ciudad Juárez.
Estos ejemplos sirven como un precedente alarmante de lo que podría ocurrir en Nuevo León y otros estados. Con una participación electoral que los analistas proyectan será muy baja, de entre el 10% y el 20%, el poder de los grupos organizados para movilizar votos se magnifica.
Para la comunidad empresarial y los ciudadanos de Monterrey, que dependen de la certeza jurídica y el estado de derecho para la prosperidad y la seguridad, el resultado de esta elección podría tener consecuencias más profundas y duraderas que cualquier operativo policial. La gran pregunta es si la elección de jueces fortalecerá la justicia o si, por el contrario, la entregará en bandeja de plata a quienes busca combatir.
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