En vísperas de la primera elección popular de jueces en la historia de México, crece la preocupación en Nuevo León sobre si este experimento democrático servirá para limpiar el poder judicial o si, por el contrario, abrirá las puertas a la manipulación política y la infiltración del crimen organizado.

Nuevo León, un estado que es a la vez un motor económico y un campo de batalla para el crimen organizado, se enfrenta a un experimento democrático de alto riesgo: la elección por voto popular de todos sus jueces, desde magistrados locales hasta la Suprema Corte.

   La iniciativa, impulsada por el gobierno federal como una medida para combatir la corrupción y hacer que el sistema de justicia rinda cuentas a los ciudadanos, ha sido recibida con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo. Críticos a nivel nacional temen que la votación, con más de 7,000 candidatos para 2,600 puestos en todo el país, sea vulnerable a la influencia de poderes fácticos.

   Un experimento democrático o una caja de Pandora

   La premisa de la elección es simple: que el pueblo elija directamente a sus jueces para romper con un sistema que, según el presidente López Obrador, ha servido a los intereses de las élites políticas y económicas. Sin embargo, para un estado como Nuevo León, la realidad es mucho más compleja.

   El riesgo latente es que las organizaciones con mayor poder económico e intimidatorio —es decir, los cárteles— estén en una posición privilegiada para influir en una elección popular. Pueden hacerlo financiando campañas de candidatos afines, intimidando a oponentes o incluso postulando a sus propios operadores.

   «Uno [de los candidatos a juez a nivel nacional] fue arrestado por traficar metanfetamina. Otro está implicado en una investigación por asesinato». – Reporte de Al Jazeera sobre la calidad de algunos candidatos en el proceso.

   Precedentes que encienden las alarmas

   La preocupación no es teórica. A nivel nacional, ya han surgido casos de candidatos con antecedentes cuestionables que han logrado llegar a las boletas. Uno de los casos más controvertidos es el de Silvia Delgado, una abogada que defendió al cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, y que ahora compite para ser jueza en Ciudad Juárez.

   Estos ejemplos sirven como un precedente alarmante de lo que podría ocurrir en Nuevo León y otros estados. Con una participación electoral que los analistas proyectan será muy baja, de entre el 10% y el 20%, el poder de los grupos organizados para movilizar votos se magnifica.

   Para la comunidad empresarial y los ciudadanos de Monterrey, que dependen de la certeza jurídica y el estado de derecho para la prosperidad y la seguridad, el resultado de esta elección podría tener consecuencias más profundas y duraderas que cualquier operativo policial. La gran pregunta es si la elección de jueces fortalecerá la justicia o si, por el contrario, la entregará en bandeja de plata a quienes busca combatir.