Mientras el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz se autoproclama un éxito en seguridad y finanzas, informes y datos duros revelan una realidad de violencia imparable, promesas rotas a víctimas y una documentada persecución a la crítica.
Al evaluar el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez al frente del gobierno de Veracruz, se presenta una dicotomía profunda y difícil de reconciliar. Por un lado, la narrativa oficial, promovida desde las plataformas gubernamentales, habla de un estado financieramente estabilizado y ubicado entre los más seguros del país. Por otro, la realidad documentada por organizaciones civiles, periodistas y las propias víctimas de la violencia pinta un panorama radicalmente opuesto.
La página oficial del gobierno destaca que durante su gestión, García Jiménez llevó a Veracruz a «estar entre los 10 estados más seguros de México», además de imponer un «récord de obras» y reducir la deuda pública. Sin embargo, esta visión contrasta fuertemente con los hechos que han marcado a la entidad en los últimos años.
Promesas rotas y una violencia que no cesa
Desde el inicio de su mandato, el primer gobernador de Morena en la entidad se comprometió a frenar la violencia, resolver los casos de desaparición forzada y llevar justicia a las familias de periodistas asesinados. Su lema era «No somos iguales».
No obstante, un análisis de su sexenio revela una larga lista de pendientes y promesas truncas:
- Crisis de desaparecidos: A pesar de las promesas a los colectivos de búsqueda, la situación no ha mejorado. De 400 cuerpos hallados en fosas durante su gestión, solo 40 han sido identificados. La impunidad, según el Colectivo Solecito, es casi total, y las desapariciones han continuado, con más de 600 mujeres desaparecidas desde que inició su gobierno.
- Violencia contra periodistas: Veracruz sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Durante el sexenio de García, cinco periodistas fueron asesinados. Además, su administración ha sido señalada por la organización Artículo 19 por confrontar y estigmatizar a mujeres periodistas, perpetuando un sistema que vulnera sus derechos.
- Persecución política: Lejos de fomentar la libertad de expresión, el gobierno de García ha sido acusado de utilizar el aparato de justicia para perseguir a críticos y rivales políticos. Investigaciones periodísticas han documentado casos de «presos políticos» y un uso faccioso de la fiscalía estatal.
- «Cuitláhuac traicionó a las familias [de desaparecidos]… La impunidad es lo único que avanza y domina. De casi 300 casos de desaparición, hay cero con un proceso judicial.» – Mayra Ledesma, exdirectora de DDHH y Lucía de los Ángeles Díaz, Colectivo Solecito.
La brecha entre el discurso y los hechos
La gestión de Cuitláhuac García se define por esta brecha insalvable entre el discurso oficial y la evidencia fáctica. Mientras la propaganda gubernamental celebra logros en abstracto, los datos concretos sobre homicidios, desapariciones, feminicidios y agresiones a la prensa cuentan una historia de fracaso en las áreas más sensibles para la ciudadanía.
El lema «No somos iguales» se ve cuestionado por una realidad que, para muchas víctimas, no ha sido diferente a la de administraciones pasadas. La falta de resultados tangibles en justicia y seguridad, y la aparente intolerancia a la crítica, configuran un legado complejo.
Al final, son los ciudadanos de Veracruz quienes tienen la última palabra para juzgar si la transformación prometida se materializó o si, por el contrario, las deudas históricas con la paz y la justicia en el estado siguen pendientes.
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