Estados Unidos presentó cargos formales contra dos empresarios mexicanos acusados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular licitaciones y asegurar contratos por millones de dólares. El caso, revelado por el Departamento de Justicia (DOJ) el 11 de agosto, involucra transferencias de dinero, lujosos regalos y posibles vínculos con el crimen organizado.

Quiénes son los acusados

Los señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, ambos con residencia permanente en Estados Unidos y domiciliados en Texas. Según el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, los empresarios “presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener contratos lucrativos y otras ventajas indebidas”.

Cómo operaba el esquema de sobornos

De acuerdo con la acusación, entre 2019 y 2021, los imputados habrían conspirado para entregar 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo —incluyendo productos de Louis Vuitton y relojes Hublot— a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP). El objetivo era garantizar que empresas asociadas a Rovirosa conservaran y obtuvieran contratos con la petrolera.

Los documentos judiciales señalan que las ventajas indebidas obtenidas mediante este esquema alcanzaron contratos valuados en al menos 2.5 millones de dólares. Además, el informe del DOJ destaca que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que eleva la gravedad de las acusaciones.

El papel de Pemex y PEP en la trama

Pemex, la empresa estatal petrolera de México, y su subsidiaria PEP fueron el epicentro de las operaciones ilícitas. Según el DOJ, al menos tres funcionarios de estas instituciones habrían aceptado sobornos para favorecer a los acusados. Las licitaciones manipuladas permitieron a las empresas involucradas obtener condiciones ventajosas frente a la competencia legítima.

Las leyes que se habrían violado

Ambos empresarios enfrentan un cargo por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), además de tres violaciones sustanciales adicionales a la misma normativa. La FCPA prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses —o a quienes residan legalmente en el país— ofrecer o pagar sobornos a funcionarios extranjeros con el fin de obtener beneficios comerciales.

En caso de ser declarados culpables, podrían recibir una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo, además de multas económicas significativas.

Reacciones y contexto

El DOJ subrayó que este tipo de casos refuerza su compromiso de perseguir la corrupción internacional, especialmente cuando involucra empresas estatales estratégicas como Pemex. “Las prácticas corruptas distorsionan el comercio y minan la confianza pública”, señaló Galeotti.

Por su parte, Pemex no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, mientras que el gobierno mexicano no ha confirmado si abrirá una investigación paralela.

El caso contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga expone una presunta red de corrupción y sobornos que habría beneficiado a empresas vinculadas a contratos multimillonarios con Pemex. Más allá de las implicaciones legales en Estados Unidos, el escándalo vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las empresas estatales frente a prácticas ilícitas y su relación con actores internacionales.