El Estado de México vive un momento de profunda transformación institucional. El Congreso local aprobó la ‘Ley Silla’ para beneficiar a los trabajadores del sector público, mientras que los jueces recién electos bajo el nuevo y polémico modelo comenzaron su capacitación formal, dos eventos que marcan un antes y un después en el ámbito laboral y judicial de la entidad.
Toluca, Estado de México.- Dos de los pilares del Estado de México, el servicio público y el sistema de justicia, están en pleno proceso de reforma. Este miércoles, el Congreso del Estado de México dio un paso significativo en materia de derechos laborales al aprobar la ‘Ley Silla’ para los empleados del sector público.
Esta legislación, que ya ha sido implementada en el sector privado a nivel federal, busca garantizar que los trabajadores que pasan largas jornadas de pie tengan derecho a descansos en asientos adecuados. La iniciativa fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en la Gaceta de Gobierno y su posterior entrada en vigor, lo que representa una mejora tangible en las condiciones de miles de burócratas en la entidad.
Inicia la era de los jueces electos
Paralelamente, en el ámbito judicial, se dio un paso crucial en la implementación de la reforma más profunda del sector. Los jueces y juezas que resultaron electos en el reciente proceso de votación popular comenzaron formalmente su periodo de capacitación previo a asumir sus cargos.
Aunque los propios jueces electos reconocieron que dos meses es poco tiempo para su formación, consideran que es un primer paso fundamental para familiarizarse con sus nuevas responsabilidades. Este proceso de capacitación es vital para el éxito de una reforma que busca transformar la impartición de justicia en el estado, aunque no ha estado exenta de polémicas a nivel nacional por la calidad de los perfiles electos.
Los retos persistentes del estado
Mientras estas reformas avanzan, el Estado de México sigue lidiando con problemas crónicos que ponen a prueba a sus instituciones.
* Inseguridad Vial: Las cifras son alarmantes. Cada semana se registran en promedio 184 atenciones médicas por accidentes viales. En lo que va del año, ya suman más de 4,244, evidenciando una crisis de seguridad en el transporte público y privado que sigue costando vidas y generando presión sobre el sistema de salud.
* Rezago Judicial: El sistema de justicia que se busca reformar arrastra una pesada carga. Una muestra de ello son las más de 10,000 solicitudes de amnistía que ha acumulado el estado, un reflejo de posibles errores judiciales del pasado que ahora se intentan corregir.
* Violencia y Extorsión: Persisten denuncias graves, como la de una familia en Atlacomulco que acusa a presuntos policías y líderes transportistas de violencia y extorsión, demostrando que la corrupción y el abuso de poder siguen siendo un desafío mayúsculo.
> «Concesionarios lamentan accidentes en Toluca; ‘choferes no salen a provocar percances’, aseguran.» – Declaración que muestra la tensión permanente entre transportistas, autoridades y una ciudadanía que exige un servicio seguro.
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El Estado de México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, impulsa reformas ambiciosas que buscan modernizar sus estructuras laborales y judiciales. Por otro, enfrenta la dura realidad de problemas sistémicos que requieren soluciones urgentes y efectivas. El éxito de la nueva administración dependerá de su capacidad para equilibrar la construcción de un nuevo andamiaje institucional sin descuidar los cimientos agrietados de la realidad cotidiana.
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