El Gobierno de Yucatán presentó ayer el expediente del proyecto inmobiliario “Las Dunas”, ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, y sostuvo que la protección de la duna costera, el manglar y el humedal prevalece sobre cualquier desarrollo particular.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, explicó que los dictámenes estatales obligan a conservar 58 mil 740 metros cuadrados del predio, equivalentes a más de la mitad de su superficie.
De ese total, 55 mil 305 metros cuadrados corresponden a humedal costero y 3 mil 435 a Zona Federal Marítimo Terrestre, además de los manglares protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003. Precisó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) es un dictamen técnico que no constituye una autorización para construir.
Cronología y revisión federal
La funcionaria detalló que el dictamen FUA fue emitido en abril de 2023 por la administración estatal anterior; posteriormente, el Ayuntamiento de Progreso otorgó la licencia de uso de suelo en febrero de 2024 y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) ratificó la factibilidad en noviembre de ese mismo año, manteniendo las condicionantes ambientales.
Asimismo, recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental es competencia exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la presentación se informó que la Semarnat rechazó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023 y emitió una autorización condicionada en abril de 2025.
Ante la preocupación ciudadana, el Gobierno del Estado solicitó el 25 de julio a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar el cumplimiento de las autorizaciones y entregó la documentación técnica correspondiente.
Como parte de esa revisión, la Profepa impuso el 2 de agosto la clausura temporal total de las obras tras detectar presuntas afectaciones a especies protegidas e incumplimientos a las condicionantes ambientales, mientras la Semarnat mantiene la revisión integral del proyecto y de su autorización en materia de impacto ambiental.
El Gobierno de Yucatán indicó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de las condicionantes estatales y colaborará con las autoridades federales y el Ayuntamiento de Progreso dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, informó que el expediente completo del proyecto permanece disponible para consulta pública y de los medios de comunicación.
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