En el corazón de Lomas del Chamizal, una colonia que ha visto elevar su plusvalía con el auge de los desarrollos inmobiliarios, varias familias viven una pesadilla: han sido despojadas de sus propiedades por redes de liquidadoras y falsos regularizadores, amparados por la omisión de las autoridades y la inacción judicial.
Entre los afectados se encuentra la familia Granados-Pérez, quienes por generaciones habitaron un predio en avenida Secretaría de Marina 576, hasta que fueron desalojados de manera arbitraria. La historia de Jorge y Miriam no es aislada: decenas de familias han sido desplazadas silenciosamente del poniente de la Ciudad de México, víctimas de una nueva forma de despojo urbano.
Fraude legalizado: de “regularización” a venta
El origen del conflicto se remonta a 2010, cuando la alcaldía Cuajimalpa impuso una liquidadora sobre la sociedad civil de los trabajadores de la Industria Militar, con el argumento de “regularizar” los terrenos.
Miriam Mónica Gutiérrez Martínez, síndica de dicha liquidadora, solicitó documentos prediales y de agua a los propietarios como requisito para la regularización. Pero, según las denuncias, esos papeles se usaron para transferir los lotes de manera ilegal.
El caso de la familia Granados quedó documentado en el expediente 667/2020 del Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil, donde se muestra cómo el terreno pasó por múltiples manos —de Gutiérrez Martínez a Maritza Sainos, luego a José del Carmen Priego— hasta llegar a una inmobiliaria que hoy vende departamentos en el predio.
Desalojo con granaderos y sin orden judicial
El 17 de agosto de 2023, tres años después de iniciado el juicio, la familia enfrentó un intento de desalojo bajo resguardo de granaderos, pese a no existir resolución firme.
“Fueron a notificar y dijeron que no encontraron a nadie”, relató Jorge. Un día después, acudió a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa (carpeta CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1 S/D/01963/09-2023), pero la denuncia no ha avanzado.
Un mes más tarde, la expulsión se concretó. A los veinte días ya se levantaba un edificio de tres niveles con cinco departamentos, ofertados en portales inmobiliarios entre 4.1 y 5.9 millones de pesos, bajo la promesa de ser parte de una “zona de alta plusvalía”.
El costo humano de la impunidad
Hoy, Jorge vive en Tlalnepantla y Miriam en Ecatepec, separados y refugiados con familiares.
“Te afecta emocionalmente, en la salud y lo económico… caí en una depresión y un desgaste físico”, confiesa él.
Su historia retrata una nueva crisis de vivienda y justicia en la CDMX, donde el crecimiento inmobiliario avanza sobre los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, los juzgados y la fiscalía mantienen silencio ante una red que convierte los despojos en negocios millonarios.
Los vecinos temen que su colonia sea la siguiente víctima del despojo legalizado, donde el precio de la plusvalía se paga con la pérdida del hogar.
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