El diputado Hugo Alday, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar los artículos 158 y 159 del Código Penal de Quintana Roo, con el objetivo de frenar el incremento de casos de despojo en la entidad.
El legislador explicó que el derecho a la vivienda debe entenderse como un pilar básico de la dignidad humana, pero que actualmente cientos de familias siguen perdiendo sus hogares debido a invasiones, engaños o violencia.
“El derecho a la vivienda no es una idea abstracta. Es el derecho de toda mujer, hombre, joven, niña y niño a tener un hogar seguro en el que pueda vivir con dignidad. Y cuando alguien te arrebata tu casa o tu terreno, no solo se pierde un espacio físico: se destruye tu tranquilidad, tu patrimonio y tu futuro”, dijo.
De acuerdo con el diputado, el despojo afecta de manera especial a mujeres, personas adultas mayores y familias de bajos recursos, quienes suelen enfrentar procesos legales lentos y complejos.
“En Quintana Roo hemos visto cómo este delito se comete con intimidación, con documentos falsos o incluso con violencia directa. Hay quienes aprovechan la vulnerabilidad de la gente para quedarse con lo que no les pertenece. Cuando una persona denuncia y pasan años sin respuesta, lo que se pierde no es solo la tierra: se pierde la fe en la justicia”, dijo.
Una propuesta para endurecer penas y frenar la impunidad
La iniciativa propone aumentar la pena mínima de tres a cinco años y la máxima de siete a diez años, lo que impediría que el agresor pueda llevar su proceso en libertad cuando existan agravantes. Además, plantea cuatro nuevas circunstancias calificadas.
“Nuestra propuesta busca que quien cometa despojo enfrente consecuencias proporcionales al daño que provoca. No estamos hablando solo de castigo, sino de prevenir que más personas sean engañadas, amenazadas o desplazadas de sus hogares”.
El diputado explicó que la iniciativa fue elaborada tras reuniones con operadores jurídicos, especialistas y organizaciones civiles.
“No es una reforma escrita desde el escritorio. Escuchamos a notarios, jueces, víctimas y colectivos que han acompañado estos casos. Todos coinciden en que necesitamos un marco legal más fuerte que proteja realmente el derecho a la vivienda”, dijo.
Aumento del despojo en Quintana Roo
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento sostenido de este delito. Mientras en 2017 se registraron 516 casos, para 2024 la cifra superó los 1,200 y al cierre de octubre de 2025 ya sumaban 717 denuncias.
Para el diputado, estas cifras no son solo números: representan familias enteras que quedaron sin forma de recuperar su propiedad.
“Estamos hablando de un problema que ya es social, político y económico. No podemos seguir actuando como si fueran casos aislados. La gente exige respuestas y exige que haya consecuencias reales”, comentó.
Alday añadió que muchas invasiones están asociadas a intereses económicos, corrupción o incluso grupos delincuenciales. En algunos casos, grandes extensiones de tierra son ocupadas por decenas o cientos de personas que luego lotifican los predios para venderlos ilegalmente.
“Es un fenómeno que hemos visto repetirse en distintos municipios. Y cuando el castigo es mínimo o no se cumple, se vuelve un incentivo para que ocurra otra vez”, explicó.
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