La democracia no se reduce a elecciones periódicas. Es un sistema de pesos y contrapesos que garantiza:
- Un poder regulado por la ley.
- División de poderes.
- Vigilancia constante de los mismos.
- Derecho a la defensa judicial de la ciudadanía.
En México, estas bases fundamentales están siendo erosionadas. Desde el inicio del sexenio, se ha evidenciado una política sistemática orientada a centralizar el poder y debilitar los contrapesos constitucionales.
Un poder que no se sujeta a la ley
Desde los primeros días del gobierno de López Obrador, quedó claro que las leyes constitucionales eran vistas como obstáculos. Declaraciones como “Por encima de la ley, la justicia” justificaron decisiones como:
- La cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin procedimientos legales claros.
- Supuestas consultas ciudadanas antes de asumir el cargo, realizadas al margen de las normativas.
Esta tendencia a priorizar la voluntad presidencial sobre los marcos legales erosiona el principio fundamental del Estado de derecho.
Concentración del poder en el Ejecutivo
La concentración del poder ha sido una constante en los últimos años:
- Reducciones presupuestales a órganos autónomos clave.
- Desaparición de dependencias independientes, ahora absorbidas por secretarías bajo el mando del Ejecutivo.
- Colonización del Legislativo: La sobrerrepresentación de la coalición gobernante permite que las iniciativas presidenciales se aprueben sin mayor debate.
Un Poder Judicial alineado
Con la reciente reforma judicial, los jueces, magistrados y ministros serán seleccionados por el partido mayoritario. Esto compromete su independencia y convierte a la justicia en un brazo más del Ejecutivo.
La vigilancia: un contrapeso debilitado
La división de poderes y la supervisión ciudadana son fundamentales para la transparencia en democracia. Sin embargo, en México:
- La desaparición del Inai refleja un intento por limitar las demandas de información ciudadana.
- Los medios de comunicación y asociaciones civiles enfrentan constantes señalamientos, lo que desincentiva su labor de escrutinio.
La falta de rendición de cuentas genera un Estado opaco y autorreferente, desconectado de las necesidades ciudadanas.
Una justicia que pierde su independencia
En cualquier democracia funcional, la ciudadanía debe tener acceso a una justicia imparcial que le permita defenderse de decisiones arbitrarias. En México:
- Con jueces y ministros elegidos bajo criterios políticos, la justicia pierde su esencia de imparcialidad.
- La reciente reforma judicial no solo desvirtúa la independencia de los juzgadores, sino que mina la confianza en el sistema judicial.
Esto dificulta el acceso a la justicia para personas y organizaciones que buscan proteger sus derechos frente al poder gubernamental.
El impacto en las elecciones y la democracia
El panorama es preocupante de cara a las próximas elecciones. Con instituciones electorales alineadas al Ejecutivo y un Poder Judicial subordinado, las condiciones para unos comicios equitativos están comprometidas.
Conclusión: ¿Un sistema sin contrapesos?
La democracia mexicana enfrenta uno de sus mayores retos históricos. La concentración de poder en el Ejecutivo, la falta de independencia judicial y la desaparición de órganos autónomos no solo debilitan el sistema, sino que ponen en riesgo los derechos ciudadanos.
Es momento de que la sociedad civil, los medios y las organizaciones democráticas actúen como un contrapeso efectivo para preservar los valores fundamentales del sistema democrático.
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