El municipio de San Pedro, Nuevo León, enfrenta una demanda legal por 1.6 mil millones de pesos debido a la prolongada clausura de las Torres Ysabella, un proyecto inmobiliario paralizado desde 2019, con un ex director jurídico municipal ya vinculado al proceso.
El municipio de San Pedro, Nuevo León, se encuentra en el centro de una significativa disputa legal que podría tener importantes repercusiones financieras y políticas.
Demanda por Clausura de Torres Ysabella
Una importante demanda legal por las Torres Ysabella ha sido interpuesta contra el municipio de San Pedro, exigiendo 1.6 mil millones de pesos mexicanos. Esta demanda deriva de la prolongada clausura de las Torres Ysabella, un proyecto inmobiliario cuya construcción de doble torre de 23 pisos ha estado paralizada desde 2019. Informes previos indican que la clausura se debió a presunta falsificación de documentación y diversas violaciones urbanísticas.
Implicaciones Legales y Administrativas
La situación se complica con la vinculación a proceso de un ex director jurídico de San Pedro, acusado de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena por más de 15 millones de pesos, por presuntamente negar un amparo en el caso. La resolución para negar el recurso legal fue emitida a pesar de la existencia de una suspensión que impedía la demolición del acceso vehicular del desarrollo Ysabella, y de la cual el ex servidor público tenía conocimiento.
Contexto Político y Urbano
Este caso representa una importante batalla legal y política que podría sentar precedentes cruciales para futuros proyectos de desarrollo urbano y la rendición de cuentas en la administración pública dentro de Nuevo León. La estructura de Torres Ysabella es hoy una obra en gris abandonada, visible desde vialidades importantes como el Bulevar Antonio L. Rodríguez, Morones Prieto y El Capitán. La demanda fue presentada dos meses antes de la llegada de la actual administración municipal, contra el municipio y ante el Contencioso Administrativo.
«De acuerdo con una fuente, hay una demanda contra quien resulte responsable durante el gobierno independiente sampetrino, el cual suspendió por casi dos trienios el proyecto inmobiliario», reportó Milenio.
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