La seguridad pública en México está entrando en una nueva etapa. Con la reforma al artículo 21 de la Constitución aprobada el pasado 21 de noviembre, se busca replicar a nivel nacional el modelo de seguridad que transformó a la Ciudad de México bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.
Este modelo no solo redujo la percepción de inseguridad y la tasa de homicidios, sino que marcó un antes y un después en la forma en que la policía capitalina se involucraba en la investigación de delitos, rompiendo el monopolio ministerial y fortaleciendo la coordinación institucional.
¿Cómo comenzó la transformación en la CDMX?
El primer paso: Facultades de investigación para la policía
En 2020, se realizó una reingeniería del modelo policial en la Ciudad de México. Antes de las reformas, los policías solo podían realizar arrestos si sorprendían a los delincuentes en flagrancia. Una vez detenidos, los casos pasaban al Ministerio Público, lo que generaba frustración y limitaba el alcance de las investigaciones.
Con las modificaciones legales, los policías adquirieron nuevas competencias:
- Participar en la integración de carpetas de investigación.
- Aportar pruebas sólidas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.
- Facilitar la judicialización de los casos para evitar liberaciones por vacíos legales.
El segundo pilar: Coordinación institucional
La colaboración entre la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México se convirtió en un eje central. Esto permitió:
- Crear expedientes robustos con información de inteligencia policial.
- Garantizar que los datos recopilados por los agentes fueran admitidos como pruebas en los procesos judiciales.
- Evitar errores procesales que anteriormente derivaban en la liberación de detenidos.
Inteligencia como base del éxito
La inteligencia policial dejó de ser una herramienta interna para convertirse en un elemento clave en la lucha contra el crimen. Los agentes ahora recolectan y analizan datos que son utilizados en las investigaciones judiciales, mejorando la eficacia en la captura y condena de criminales.
La reforma al artículo 21: Expandiendo el modelo a nivel nacional
La reciente reforma aprobada por el Congreso otorga nuevas competencias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ahora, esta “Supersecretaría” tendrá la capacidad de:
- Coordinar la estrategia nacional de seguridad pública.
- Dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia.
- Compartir competencias de investigación con el Ministerio Público y la Guardia Nacional.
- Fiscalizar los recursos federales destinados a los estados para temas de seguridad.
Objetivos de la reforma
La reforma busca replicar a nivel nacional los éxitos logrados en la CDMX, entre ellos:
- Fortalecer la investigación de delitos.
- Mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
- Crear un sistema de inteligencia robusto y eficaz.
- Garantizar que los recursos de seguridad sean utilizados de manera eficiente.
¿Qué se puede esperar de esta transformación?
Aunque el modelo implementado en la CDMX ha demostrado ser efectivo, su aplicación a nivel nacional enfrenta retos significativos:
- Diversidad delictiva: Las dinámicas criminales varían entre regiones.
- Capacitación policial: La profesionalización de los cuerpos de seguridad será clave.
- Desafíos de implementación: Integrar las capacidades de la SSPC, la Guardia Nacional y las fiscalías locales requerirá una coordinación sin precedentes.
Conclusión: Un horizonte prometedor
La reforma al artículo 21 marca un paso crucial en la construcción de un sistema de seguridad más eficiente y coordinado en México. Al replicar el modelo probado en la CDMX, se espera que los índices delictivos disminuyan y que la confianza en las instituciones de seguridad aumente.
Aunque aún queda mucho por hacer, los pilares establecidos —inteligencia, investigación y coordinación— son un buen punto de partida para construir un México más seguro.
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