El inicio del conflicto: un acto de exclusión con repercusiones legales
Durante la organización del desfile cívico-militar por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, en Morelos, tres hechos marcaron el inicio de una controversia que escalaría hasta las más altas esferas del poder electoral. Juanita Guerra, entonces diputada federal por Morena, denunció que fue excluida de la planeación del evento, se le negó instalar un templete previamente autorizado y finalmente se le prohibió el acceso al palco principal.
Lo que pudo haber parecido un desaire político o una omisión protocolaria se convirtió en un precedente jurídico con gran impacto: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por mayoría de votos, que existió violencia política en razón de género (VPG) en contra de la legisladora.
La sentencia contra Cuauhtémoc Blanco
La resolución confirmó lo dictado por la Sala Regional y declaró responsable al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como al exdirector general de Logística estatal, Arturo César Millán Torres. El tribunal argumentó que la exclusión de una mujer diputada de un acto público al que había sido previamente invitada tuvo un efecto de invisibilización, lo que representa una transgresión directa a sus derechos políticos y de participación en el ámbito público.
Por esa razón, Blanco será incluido durante un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto lo inhabilita para postularse a cualquier candidatura o cargo público durante ese periodo.
¿Pierde su fuero político?
Aunque la sentencia representa un golpe simbólico y legal para Cuauhtémoc Blanco, no perderá su fuero como diputado federal de Morena. Hace unos meses, su bancada y partidos aliados votaron en contra de abrirle un juicio político, lo que le permitió evitar un proceso penal por otra acusación que pesaba en su contra: presunto abuso sexual.
Este escudo político fue respaldado incluso desde el gobierno federal, donde se ha argumentado que Blanco es víctima de una “campaña sucia” con motivaciones electorales y personales. Sin embargo, la resolución del TEPJF se refiere a hechos comprobados y documentados, específicamente en el marco del evento cívico militar, sin relación con otros señalamientos que el exfutbolista ha enfrentado.
La dimensión jurídica de la violencia política de género
La violencia política en razón de género no se limita a agresiones físicas o verbales; también se manifiesta en omisiones, exclusiones y decisiones que obstaculizan la participación plena de las mujeres en la vida política. En este caso, la Sala Superior destacó que negar el acceso al palco principal, tras haber invitado a una legisladora federal a participar del acto conmemorativo, fue una forma clara de invisibilizar su rol político.
El mensaje es contundente: la exclusión simbólica también es violencia, y debe sancionarse como tal. Esta resolución sienta un precedente relevante en el país, y refuerza la necesidad de garantizar igualdad sustantiva para las mujeres en todos los espacios de poder.
El impacto político para Cuauhtémoc Blanco
Aunque Blanco no enfrenta actualmente un proceso penal y mantiene su curul en la Cámara de Diputados, el fallo representa un duro revés para su futuro político. Con esta sanción, no podrá competir por ningún cargo público hasta el año 2026. Esto podría afectar cualquier aspiración que tuviera, ya sea como senador, gobernador o en algún otro puesto relevante.
Además, su inclusión en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de VPG mancha su historial político y debilita su imagen pública, particularmente en un país donde el avance en derechos de las mujeres es un tema central en la agenda legislativa y social.
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