Congreso de Jalisco aprueba Fiscalía Antitortura, una demanda de la SCJN. Sin embargo, no operará hasta 2026 por falta de fondos
El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad este 30 de mayo de 2025 la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. No obstante, su entrada en funciones se pospondrá hasta 2026 debido a la falta de presupuesto asignado para su operación este año.
El Congreso de Jalisco dio un paso legislativo significativo este viernes 30 de mayo al aprobar de manera unánime la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. Esta medida, que estaba pendiente desde 2018 y había sido objeto de reiterados exhortos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca atender una grave problemática en materia de derechos humanos en la entidad. Sin embargo, la operatividad de este nuevo organismo se verá demorada hasta el año 2026, según se informó, por la carencia de una partida presupuestal específica para su arranque inmediato.
Un largo camino legislativo y la intervención de la SCJN
La creación de una fiscalía especializada en tortura era una asignatura pendiente para el poder legislativo jalisciense desde hace más de seis años. La SCJN había instado en diversas ocasiones al Congreso local a legislar en esta materia, subrayando la necesidad de contar con una instancia dedicada a investigar y perseguir un delito que atenta contra la dignidad humana y que, con frecuencia, queda en la impunidad.
La diputada de Morena, Norma López, quien impulsó la iniciativa, señaló que la razón fundamental para que la nueva fiscalía no comience a trabajar de inmediato radica en la falta de asignación presupuestaria en el ejercicio fiscal corriente. Este factor económico pospone la materialización de un ente considerado crucial para el combate a la tortura.
El fantasma de la impunidad en casos de tortura
La necesidad de esta fiscalía se hace patente al observar las cifras y el contexto de impunidad que rodea a los actos de tortura en Jalisco. La propia diputada López ha señalado la práctica inexistencia de sentencias condenatorias contra torturadores en el estado.
Datos proporcionados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) son reveladores: entre 2018 y 2024, apenas se abrieron tres o cuatro carpetas de investigación por este delito, y ninguna de ellas ha resultado en una condena. Esta alarmante estadística sugiere que las prácticas de tortura, tanto física como psicológica, continúan perpetuándose en un ambiente de impunidad casi total.
La aprobación de la fiscalía puede interpretarse como una victoria simbólica en la lucha contra la tortura, pero el retraso de casi dos años en su operatividad plantea serias dudas sobre el compromiso inmediato y práctico de las autoridades para enfrentar este flagelo y garantizar la rendición de cuentas. La existencia de un marco legal es un primer paso, pero sin recursos para su implementación, la justicia para las víctimas sigue en espera.
Funciones y expectativas de la nueva fiscalía
La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura tendrá como principal encomienda la persecución de estos crímenes, así como la implementación de estrategias de prevención. Se espera que, una vez operativa, contribuya a revertir la tendencia de impunidad y a asegurar que los responsables de actos de tortura sean llevados ante la justicia.
No obstante, el desafío será considerable. La nueva institución no solo necesitará presupuesto, sino también personal capacitado, protocolos de investigación efectivos y, fundamentalmente, la voluntad política para actuar con independencia y rigor, incluso cuando los señalados pertenezcan a corporaciones de seguridad. La información de Cepad sugiere que el problema va más allá de la ausencia de una fiscalía especializada, apuntando a posibles fallas sistémicas o falta de voluntad en el aparato de justicia existente para investigar y sancionar la tortura.
La diputada Norma López, al señalar la falta de presupuesto, coloca la responsabilidad en el gobierno estatal y en la mayoría legislativa encargada de la asignación de recursos, lo que podría convertirse en un tema de debate y escrutinio político en los próximos meses.
Estado de las investigaciones por Tortura en Jalisco (2018-2024)
| Métrica | Valor |
|—|—|
| Carpetas de Investigación Abiertas | 3-4 |
| Sentencias Condenatorias | 0 |
| Fuente: Datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). |
