Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
Durante la Sesión Ordinaria del miércoles 9 de abril, los integrantes de la LXIV Legislatura avalaron el dictamen previamente aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y la de Salud y Seguridad Social, por el que se modifican los artículos 389, 390, 391 y 393, y deroga el 392 del Código Penal del Estado, presentadas en febrero por las diputadas de Morena, Clara Rosales, y de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las personas gestantes tendrán como límite la semana 12 para realizar el proceso de interrupción. En este sentido, el artículo 390 determina sanciones de tres meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de trabajo comunitario a la persona que voluntariamente determine concluir su embarazo o consienta a otra persona la haga abortar después de estas 12 semanas.
Respecto al aborto forzado, conocido como la interrupción sin el consentimiento de la persona gestante, se le establecieron sanciones de cinco a 10 años de prisión.
La despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación en Yucatán se dio luego de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que obligaba a los diputados locales a legislar para dejar de criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Modificación rechazada
Previo a la despenalización del aborto, los diputados rechazaron el dictamen de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, por el que se proponía modificar el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de Reconocimiento, Protección y Garantía del Derecho a la Vida, pues establece su protección «desde el momento de la fecundación».
Dicho párrafo establece “el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”.
Al existir una controversia con la aprobación de la despenalización del aborto, la diputada Clara Rosales presentó una propuesta para modificar el “Decreto por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación”, contenido en el dictamen emitido por las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública y de Salud y Seguridad Social, para que se agregue un párrafo cuarto al Artículo 390, que indique que en caso de no acreditarse del delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de homicidio en razón de parentesco o relación.
“Esta modificación que pongo consideración, responde a la problemática que se presenta cuando ciertos juzgadores al no poder imputar el delito del aborto, pretenten reconfigurar la conducta típica por homicidio en razón de parentesco. Sin embargo, bajo el contexto de que si una mujer aborta por razones de salud o por estar en peligro su vida o en situaciones en la que se considera que la gestación representa un riesgo para su bienestar, el acto no se debe de tratar como una homicidio”, mencionó sobre la propuesta aprobada por mayoría.
Votaron a favor los diputados Larissa Acosta, Clara Rosales, Estefanía Baeza, José Julian Bustillos, Maribel Chuc, Alba Cristina Cob, Rosana Couoh, Alejandro Cuevas, Wilber Dzul, Daniel González, Verónica Interián, Samuel Lizama, María Esther Magadán, Wilmer Monforte, Bayardo Ojeda, Javier Osante, Neyda Pat, Naomi Peniche, Eric Quijano, Rafael Quintal, Gaspar Quintal y Francisco Rosas, integrantes de las bancadas de Morena, MC y PRI.
En contra de la despenalización del aborto en Yucatán votaron los diputados del PAN, María Teresa Boehm, Álvaro Cetina, Manuela Cocom, Itzel Falla, Melba Gamboa, Zhazil Méndez, Rafael Montalvo, Marco Antonio Pasos, Ana Cristina Polanco, Sayda Rodríguez, Roger Torres y Ángel Valdéz, así como el diputado del PVEM, Harry Rodríguez Botello.
Con este resultado, Yucatán se suma a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y Puebla, que previamente han reformado su legislación penal para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
