El Congreso del Estado aprobó este martes una reforma a la Ley del Notariado de Quintana Roo, impulsada por la bancada de Morena, con el objetivo de agilizar los procesos en las notarías y garantizar certeza jurídica a la ciudadanía en casos de vacancia del titular.
La iniciativa, aprobada por mayoría con 19 votos a favor, busca modernizar el marco legal estatal para atender situaciones en las que un notario público deja su cargo por renuncia, fallecimiento o falta definitiva, evitando que los trámites se queden detenidos.
«Nuestra legislación, si bien prevé circunstancias en las que la Dirección General de Notarías puede intervenir en protocolos, no es explícita ante estos supuestos, lo que genera un procedimiento largo y perjudicial para los ciudadanos», señala el documento aprobado.
De acuerdo con la reforma, cuando una notaría quede vacante y no cuente con suplente o auxiliar en funciones, la Secretaría de Gobierno deberá iniciar un procedimiento especial.
Este incluye la publicación de una convocatoria en el Periódico Oficial y en su página web para que, en un plazo de cinco días naturales, las personas interesadas presenten su expediente. La revisión y calificación de los documentos deberá concluir en un máximo de dos días naturales.
En caso de que exista un suplente o auxiliar en funciones, este continuará prestando el servicio hasta que se designe al nuevo titular.
Para la designación, se integrará un jurado para el examen de oposición, conformado por un notario designado por el Poder Ejecutivo, otro por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y uno por la Mesa Directiva del Consejo de Notarios. El examen constará de una prueba teórica y otra práctica.
«Es innegable que la función notarial en Quintana Roo es una de las piezas que contribuyen al desarrollo económico del Estado, ya que formaliza actos de particulares que requieren validez jurídica», establece la exposición de motivos.
Con esta reforma, el Congreso busca reducir los vacíos legales que afectan la operatividad de las notarías y proteger los derechos de las y los ciudadanos que requieren de estos servicios.
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