La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, por incumplir siete medidas correctivas, entre ellas la descarga de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos.
Tras la clausura, la Profepa exigirá a la empresa la elaboración de un estudio de daño ambiental y el seguimiento al desmantelamiento y abandono adecuado del sitio. Estas acciones buscan reparar los daños ocasionados en la zona.
La medida responde a denuncias de comunidades mayas y organizaciones civiles presentadas desde 2021, que señalaron afectaciones al entorno y a la salud.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó que se trata de un caso emblemático de justicia ambiental, resultado de años de lucha social.
Profepa reiteró que atender el impacto de las granjas porcícolas en la península es prioridad y refrendó su compromiso de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades afectadas.
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