La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al Poder Judicial para que resuelva con justicia el litigio entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Aguakan, priorizando el interés público y el derecho humano al agua. La mandataria destacó que el Estado ya había ganado un amparo en este proceso y criticó la falta de decisión de la Suprema Corte, que recientemente devolvió el caso a un juzgado de distrito.
“El gobierno del Estado había ganado un amparo muy importante”, recordó Sheinbaum. “Hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión, pero ahora que el caso ha regresado, es fundamental que el juzgado lo revise con profundidad y ponga por encima de todo lo público, el bien de la gente y el agua como derecho humano. Entonces, vamos a esperar a ver cómo avanza, pero es muy importante”.
El conflicto legal gira en torno a la concesión del servicio de agua potable y saneamiento que Aguakan mantiene en municipios como Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Diversos sectores sociales y autoridades locales han denunciado desde hace años deficiencias en el servicio, falta de inversión en infraestructura y tarifas elevadas.
La presidenta sostuvo que este caso ejemplifica las consecuencias negativas de la privatización de servicios básicos. “La mayoría de las privatizaciones han presentado muchos problemas, en especial en el sector agua: no se invierte, se cobra caro y los sistemas están abandonados”, señaló.
Aguakan ha defendido la legalidad de su concesión y ha interpuesto recursos legales para mantenerla. No obstante, en 2022, el gobierno estatal promovió un recurso legal para revertir la concesión, argumentando incumplimiento de obligaciones contractuales y falta de beneficios para la ciudadanía.
Durante su mensaje, Sheinbaum reiteró el respaldo a las acciones emprendidas por el gobierno de Quintana Roo y los municipios afectados, quienes buscan recuperar el control público del servicio hídrico. “No han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no reparan y se quieren seguir quedando con la concesión. Entonces, el gobierno del Estado y del municipio han estado pidiendo que se regrese a lo público”, enfatizó.
La Suprema Corte había atraído el caso para su análisis, pero recientemente decidió no pronunciarse de fondo y devolver el expediente al juzgado federal de origen, dejando en suspenso una resolución definitiva.
La presidenta también expresó su esperanza de que el cambio en la integración de la Suprema Corte, previsto para septiembre, conlleve una visión más comprometida con la justicia social. “Vamos a esperar que sea una Corte que tenga por encima de todo la justicia”, concluyó.
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