Las controversias en las administraciones locales han dado de qué hablar esta semana. Desde un fiscal multitareas en Chiapas, pasando por los jornaleros olvidados en Mulegé, Baja California Sur, hasta el tortuoso panorama de inseguridad en Sinaloa, la pregunta que muchos se hacen es: ¿los gobiernos locales están cumpliendo con su deber?
Chiapas: un fiscal con doble jornada
En Chiapas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca ha llamado la atención por lo que parece ser una vida profesional doble. Según diversas versiones, además de liderar la fiscalía estatal, también es director de un periódico en Tuxtla Gutiérrez.
¿Cómo lo hace?
- De día, cumple con su labor al frente de la fiscalía.
- De noche y madrugada, aparentemente dirige un medio de comunicación.
La ciudadanía no solo cuestiona si esto es legal, sino también si esta doble ocupación afecta su desempeño en un puesto crítico como el de fiscal. Con un periodo de nueve años en el cargo, las dudas sobre su capacidad para atender ambas responsabilidades han comenzado a crecer.
Mulegé: jornaleros migrantes abandonados
En Baja California Sur, específicamente en Mulegé, la diputada local Teresita de Jesús Valentín Vázquez (Morena) denunció la omisión del gobierno estatal ante las condiciones inhumanas en las que viven los jornaleros migrantes de la región.
Los problemas más graves:
- Jornaleros enfrentan temperaturas de cero grados sin apoyo gubernamental.
- El Instituto de Vivienda (INVI) les exige 8 mil pesos para acceder a mejoras en sus viviendas de cartón, una cantidad que no pueden pagar.
- La falta de atención por parte del gobernador Víctor Castro Cosío y otras instituciones como el DIF estatal, que no han enviado ayuda en tres años.
En una reciente gira del gobernador por Mulegé, nadie mencionó la problemática, dejando a los jornaleros invisibilizados y sin soluciones.
Sinaloa: inseguridad y un discurso desgastado
En Sinaloa, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. La senadora Imelda Castro Castro (Morena) intentó justificar la situación actual culpando a los gobiernos pasados, específicamente al sexenio de Felipe Calderón.
La realidad en Sinaloa:
- Ciudadanos enfrentan despojos violentos de vehículos, levantones y extorsiones.
- Los procedimientos para levantar denuncias son tortuosos, llegando a tomar hasta un día entero para ser atendidos.
- Según la lideresa estatal del PRI, Paola Garate Valenzuela, la violencia ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades.
El discurso de culpar al pasado ya no convence a los sinaloenses, quienes exigen acciones concretas y no justificaciones políticas.
Un patrón común: omisiones y falta de resultados
Aunque los casos de Chiapas, Mulegé y Sinaloa parecen distintos, comparten un patrón preocupante: la falta de atención gubernamental a problemas críticos que afectan directamente a la ciudadanía.
Preguntas que deben responderse:
- ¿Cómo puede un fiscal desempeñar un segundo empleo sin afectar su labor principal?
- ¿Por qué los jornaleros migrantes en Baja California Sur no reciben ayuda básica?
- ¿Qué se está haciendo en Sinaloa para mejorar la atención a las víctimas de violencia?
Conclusión: los gobiernos locales bajo la lupa
Los problemas en Chiapas, Mulegé y Sinaloa son un recordatorio de que los gobiernos locales tienen mucho por hacer para responder a las demandas ciudadanas.
La confianza en las instituciones se construye con acciones claras, efectivas y transparentes, no con discursos que intentan justificar lo injustificable.
El tiempo dirá si estas administraciones son capaces de cambiar el rumbo o si seguirán acumulando críticas y descontento social.
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