El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs hicieron un llamado urgente para exigir la liberación de cinco indígenas tseltales de Cancuc, Chiapas, quienes llevan más de tres años en prisión preventiva tras ser acusados de la muerte de un policía municipal en 2022.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que los procesos judiciales han estado marcados por irregularidades y violaciones al debido proceso, lo que convierte este caso en un ejemplo de criminalización de los pueblos indígenas y de la llamada “fábrica de culpables” en México.
Tres años de prisión sin justicia
Los detenidos son Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, todos originarios de Cancuc, Chiapas. De acuerdo con el comunicado difundido por Frayba, los cinco hombres fueron arrestados en mayo de 2022 en medio de un operativo que los responsabilizó del asesinato de un policía municipal, pese a la falta de pruebas sólidas.
El colectivo señala que, desde entonces, los indígenas han enfrentado dos juicios plagados de irregularidades, con pruebas débiles y procedimientos viciados, lo que ha extendido su encarcelamiento de manera injustificada.
“Su verdadero ‘delito’ frente al mal gobierno es ser pobres, indígenas y defensores de la tierra y el territorio”, enfatizó el comunicado.
Acompañamiento de organizaciones y familias
El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs explicó que desde los primeros meses de la detención comenzó un proceso de acompañamiento cercano con los presos y sus familias. En estos tres años, relataron, han compartido espacios de diálogo, actividades comunitarias y un seguimiento constante del caso.
El acompañamiento ha permitido evidenciar no solo las afectaciones legales, sino también el impacto emocional y social que ha tenido la prisión en sus familias, quienes enfrentan la ausencia de sus seres queridos, dificultades económicas y la estigmatización derivada de las acusaciones.
La “fábrica de culpables” en México
Frayba y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace años que en México existe una práctica recurrente de fabricación de culpables, donde el Estado recurre a detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares y acusaciones sin sustento para dar una falsa imagen de justicia.
El caso de los cinco tseltales de Cancuc se enmarca en este patrón. Según Frayba, su situación refleja un sistema judicial que castiga la pobreza y la pertenencia indígena, en lugar de garantizar derechos.
“Ya no hace falta cometer un delito para ser acusado, detenido y sentenciado”, señalaron en el pronunciamiento.
Llamado internacional y la postura de la ONU
La lucha por la liberación de los tseltales también ha alcanzado instancias internacionales. En septiembre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU visitó México y Chiapas, y tras recibir información sobre el caso, emitió una opinión en la que solicitó al Gobierno de México la liberación inmediata de los cinco indígenas.
Además, la ONU pidió garantizar el derecho a la reparación integral de daños y abrir una investigación contra las autoridades responsables de las violaciones cometidas durante el proceso.
Esta postura refuerza el reclamo de organizaciones nacionales e internacionales que insisten en que mantener a los tseltales en prisión constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
Voces que se suman al clamor de justicia
El movimiento por la liberación de los cinco presos ha ganado fuerza en distintos puntos de México y del mundo. Colectivos, organizaciones civiles y ciudadanos se han sumado al llamado de Frayba, exigiendo justicia y denunciando las condiciones de criminalización contra los pueblos indígenas.
“Cada vez son más las voces que claman justicia”, afirmaron. Para el colectivo, la presión social y la solidaridad internacional son claves para lograr la liberación de los indígenas.
Nuevas acciones y campañas por la libertad
En su comunicado, el Grupo No Estamos Todxs adelantó que en los próximos días se presentarán nuevas propuestas de acción como parte de la campaña por la libertad de los cinco tseltales. El objetivo es mantener visible el caso y exigir al Estado mexicano una resolución inmediata.
“Cada día que pasa es un día menos de justicia, un día más de separación de nuestros compañeros de sus familias y un día más en que seguiremos luchando”, señalaron.
El caso de los cinco indígenas tseltales de Cancuc encarcelados desde 2022 se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales del sistema de justicia en México. Para Frayba, la ONU y diversos colectivos, se trata de un ejemplo claro de detención arbitraria y fabricación de culpables que atenta contra la dignidad de los pueblos originarios.
La exigencia de su liberación no solo busca justicia para ellos, sino también sentar un precedente frente a la criminalización de defensores indígenas y visibilizar la necesidad de una transformación profunda en el sistema judicial mexicano.


TE PODRÍA INTERESAR