La muerte de Gael Antonio Sarmiento Ruiz, un niño de 12 años que perdió la vida en un ataque armado en Culiacán, ha conmocionado a la comunidad sinaloense y a todo el país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha tomado cartas en el asunto, abriendo una investigación para garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
Una madrugada de terror en Culiacán
El ataque ocurrió en las primeras horas del domingo 19 de enero en el sector Los Ángeles. Gael viajaba junto a su padre, Antonio de Jesús Sarmiento, su hermano Adolfo y otro menor de edad llamado Alexander. Los cuatro iban a bordo de un Toyota Yaris gris cuando fueron atacados a balazos.
El padre de Gael murió en el lugar, mientras que los tres menores resultaron heridos. Aunque fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos, la gravedad de las lesiones de Gael Antonio resultó fatal.
La respuesta de la CEDH
Ante la falta de esclarecimiento de los hechos, la CEDH emitió un comunicado donde anunció el inicio de una investigación de oficio. El organismo también solicitó medidas cautelares a las autoridades para proteger a los sobrevivientes y garantizar que este crimen no quede impune.
“El dolor y la indignación que genera la muerte de un niño como Gael nos obliga a actuar con celeridad y firmeza para buscar justicia”, señaló la institución.
Condena y homenajes
El secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, condenó el ataque. En una emotiva declaración, reconoció la magnitud de la tragedia: “Un niño es la humanidad entera, de ese tamaño es este dolor. Duele, indigna, y convoca a la acción”.
En la secundaria “Jesusita Neda”, donde Gael estudiaba, se realizó un homenaje póstumo. Sus compañeros y maestros se reunieron para despedirlo con globos blancos y emotivos mensajes de despedida.
Justicia para Gael
Aunque las investigaciones están en curso, hasta el momento no se han realizado detenciones. La comunidad sinaloense clama justicia no solo por Gael, sino por todas las víctimas de la violencia que afecta al estado.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar la protección de los derechos humanos en México, especialmente en las regiones más vulnerables.
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