Un video de vigilancia del 6 de octubre de 2024 muestra una escena impactante: una motocicleta y una camioneta transportan el cuerpo desmembrado del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, hacia un callejón solitario. A simple vista, parece un crimen más en Guerrero, pero detrás del macabro hallazgo yace una historia de corrupción, amenazas y la penetración del crimen organizado en el poder político local.
Control de Los Ardillos sobre la política en Guerrero
Arcos Catalán, antes de asumir el cargo como alcalde, había aceptado entregar el control de las secretarías de seguridad y finanzas al grupo criminal Los Ardillos. Según fuentes de seguridad, estas concesiones fueron exigidas bajo amenaza: si no las cumplía, no podría gobernar.
En reuniones previas al asesinato, Celso Ortega, líder de Los Ardillos, grabó en video el acuerdo con el alcalde. Estas grabaciones, parte de una amplia «videoteca» criminal, funcionan como un seguro contra traiciones y un arma para mantener el control sobre políticos y funcionarios.
La secretaría de seguridad fue ocupada por el capitán Ulises Hernández, quien, en su primera reunión, advirtió de una purga en la corporación para imponer nuevos mandos vinculados al grupo criminal. Esta decisión generó tensiones que culminaron en el asesinato de Hernández por parte del grupo rival Los Tlacos, apenas días después.
Asesinato de Alejandro Arcos: una traición que selló su destino
Cuando Arcos Catalán intentó recuperar control político tras la muerte de Ulises Hernández, pidió apoyo al gobierno federal para nombrar un nuevo secretario de seguridad. Este movimiento fue interpretado por Los Ardillos como una traición. El 6 de octubre, bajo la promesa de renegociar términos, el alcalde acudió a una reunión en un bastión del grupo criminal. No llevaba escoltas, confiado en que podría llegar a un acuerdo.
Horas después, su cuerpo desmembrado apareció abandonado en Chilpancingo. Los criminales dejaron deliberadamente su celular en la camioneta con registros de llamadas y mensajes que evidenciaban su relación con Los Ardillos. Este gesto no fue un descuido: era un mensaje directo al gobierno, una declaración de poder.
Nuevo alcalde, la misma sombra criminal
Tras el asesinato de Arcos, Gustavo Alarcón Herrera asumió el cargo como alcalde. En un intento por mantener la «estabilidad», nombró a otro militar, Germán Reyes Reyes, como encargado de la secretaría de seguridad. Este último, aunque vinculado a Los Ardillos, fue detenido bajo la acusación de haber asesinado a Arcos. Sin embargo, múltiples pruebas apuntan a que se trata de un chivo expiatorio.
Según la investigación, Reyes Reyes estaba en la Ciudad de México el día del crimen. El único testigo que lo implicaba, un vendedor de dulces que afirmó haber escuchado una conversación incriminatoria, fue asesinado días después.
Videoteca: el arma secreta de Los Ardillos
El poder de Los Ardillos no solo se basa en su capacidad de intimidación y violencia, sino en la información. Fuentes estatales aseguran que su «videoteca» incluye grabaciones comprometedoras de políticos, empresarios y funcionarios de todos los niveles. Este archivo asegura su impunidad, protegiendo a quienes aparecen en los videos y apuntando contra quienes no están dispuestos a colaborar.
Guerrero: entre la violencia y la impunidad
El caso de Alejandro Arcos Catalán es un ejemplo más de cómo el crimen organizado ha infiltrado las instituciones públicas en Guerrero. Desde alcaldías hasta secretarías estatales, la influencia de los grupos criminales deja al descubierto un sistema donde la corrupción y la violencia son moneda corriente.
Los asesinatos de Arcos y sus colaboradores son una advertencia: romper los acuerdos con el crimen organizado no solo es peligroso, sino potencialmente mortal. En un estado donde la línea entre el poder político y el control criminal es difusa, la esperanza de justicia parece cada vez más lejana.
Conclusión: ¿hay salida para Guerrero?
El asesinato de Arcos Catalán no es solo un crimen, sino un símbolo de cómo el narcotráfico y la corrupción han tomado el control del estado. La falta de acciones contundentes por parte del gobierno federal y estatal refuerza un ciclo de impunidad que afecta a toda la sociedad. Mientras grupos como Los Ardillos continúen operando sin restricciones, la violencia seguirá marcando el destino de Guerrero y sus habitantes.
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