Un encuentro decisivo para el futuro del Poder Judicial
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue sede de un encuentro crucial para la estabilidad institucional del país. Durante casi tres horas, la ministra presidenta Norma Piña Hernández sostuvo una reunión con su futuro sucesor, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá funciones el próximo 1 de septiembre. La conclusión fue clara: será una transición ordenada, colaborativa y sin sobresaltos, «por el bien de México».
La cita fue la segunda entre ambos. De acuerdo con fuentes judiciales, el primer acercamiento tuvo lugar la semana anterior, en un ambiente reservado. Pero esta nueva reunión fue más estructurada y comenzó a delinear formalmente los pasos para un relevo que, históricamente, ha marcado el rumbo del Poder Judicial de la Federación.
La promesa de una “transición tersa”
A la salida del edificio histórico ubicado en el Centro de la Ciudad de México, Aguilar Ortiz, visiblemente tranquilo, respondió a la prensa con frases breves pero contundentes: “Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México”. No reveló detalles precisos de lo discutido, pero confirmó que el foco estuvo en el proceso de entrega en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
El jurista, de origen mixteco, recalcó que se constituirán equipos de trabajo conjuntos para asegurar que la nueva etapa inicie con una base sólida. Aunque aún no se ha fijado fecha para una tercera reunión, ambas partes coincidieron en que los avances se irán realizando de manera progresiva a través de estos grupos técnicos.
Equipos estratégicos y voluntad de colaboración
En la reunión también participaron figuras clave en el aparato administrativo de la Corte. La oficial mayor, Gisela Morales González; la secretaria general de la Presidencia, Natalia Reyes Heroles; y dos integrantes del equipo de Aguilar Ortiz, fueron parte de la mesa de trabajo que comenzó a definir la hoja de ruta para el cambio de estafeta.
Este entorno institucional, con presencia técnica y operativa, confirma que la transición no será simbólica, sino una reorganización planificada, enfocada en la continuidad del funcionamiento del máximo tribunal.
Un relevo con ecos políticos y sociales
El momento no es menor. La renovación en la presidencia de la SCJN ocurre en un contexto de tensiones entre poderes, propuestas de reformas constitucionales que tocan directamente al Poder Judicial y un clima político marcado por la polarización. En este escenario, que Hugo Aguilar y Norma Piña proyecten una imagen de unidad, respeto y voluntad institucional adquiere un peso especial.
Además, Aguilar Ortiz ha sido percibido como un perfil que puede tender puentes sin ceder independencia, un equilibrio complejo en el contexto actual.
La Corte, eje de estabilidad democrática
La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa mucho más que un órgano legal: es uno de los pilares del equilibrio de poderes en México. Cualquier cambio en su estructura directiva tiene implicaciones que rebasan lo técnico. Por eso, asegurar una sucesión sin choques ni rupturas es un mensaje contundente para otros poderes, para el gremio jurídico y para la ciudadanía.
En tiempos donde la legitimidad institucional se pone en tela de juicio, la voluntad de diálogo entre la presidenta saliente y el ministro entrante genera un respiro de estabilidad para el sistema judicial.
Una transición que ya está en marcha
A pesar de la brevedad de sus declaraciones, Aguilar Ortiz dejó claro que la transición ya comenzó. Se están haciendo “cortes” de avance en cada fase, mediante equipos específicos que revisan áreas clave como la administración, el funcionamiento jurisdiccional y el papel del Consejo de la Judicatura.
La frase “todo va a caminar”, dicha con naturalidad, refuerza el mensaje que ambos han querido proyectar: no hay lucha de poder, hay cooperación.
Institucionalidad como eje rector
La reunión entre Norma Piña y Hugo Aguilar Ortiz no fue solo un encuentro más en la agenda judicial. Fue un acto que ratifica la vocación institucional del Poder Judicial en momentos de cambio. Una transición tersa no es sinónimo de pasividad, sino de madurez democrática.
Con equipos trabajando ya en la entrega-recepción y el compromiso de continuar los diálogos, el próximo 1 de septiembre podría ser no solo el inicio de una nueva gestión, sino también un ejemplo de cómo se debe hacer política pública desde el poder judicial: con respeto, planeación y visión de país.
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