El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miercoles los resultados de la “Operación Liberación”, implementada en el Estado de México y que además tuvo como resultado la detención de Bernardo Alejandro “N” en Quintana Roo, señalado por su presunta participación en una red de extorsión vinculada con un grupo criminal originario de Michoacán.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la aprehensión se logró en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Quintana Roo.
“Fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro, y aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz.
Este caso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia”, dijo.
De acuerdo con las investigaciones, Bernardo Alejandro “N” operaba en el municipio de Ixtapan de la Sal, donde se encargaba de imponer la venta de pollo a comerciantes locales, bajo amenazas. El 13 de mayo de 2025 habría intimidado a un vendedor de ese giro, advirtiéndole que debía comprarle el producto o sufriría represalias.
Así operaban las personas detenidas en Edomex
El funcionario federal explicó que esta detención se suma a otras siete órdenes de aprehensión ejecutadas en el Estado de México contra personas acusadas de secuestro exprés con fines de extorsión.
En total, se desplegaron 63 células operativas con más de 2,800 elementos de diversas corporaciones federales, estatales y de inteligencia, en 14 municipios de la entidad. La operación incluyó cateos en 52 establecimientos relacionados con delitos como extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía General Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, la red criminal mantenía un esquema “gerencial” de control económico: fijaban precios, obligaban a comerciantes a vender y comprar en lugares específicos y manipulaban incluso el flujo de paquetería.
“No estamos hablando solo de sicarios, sino de estructuras completas que manejaban distribución, finanzas, logística y hasta promoción del producto. Hay verdaderas células gerenciales detrás de estos delitos”, señaló Cervantes.
Entre los inmuebles asegurados, se encontraron propiedades de alto valor, animales de granja, cárnicos y materiales de construcción, todos presuntamente utilizados como instrumento o resultado de las actividades delictivas.
Las autoridades no descartan nuevas detenciones y adelantaron que los implicados podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión por los diversos cargos en su contra.
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