En el Congreso de Quintana Roo avanza una iniciativa para tipificar y endurecer las sanciones relacionadas con el delito de esterilidad provocada, una práctica que busca castigar procedimientos quirúrgicos o químicos realizados sin el consentimiento informado de las personas pacientes.
La propuesta es impulsada por el diputado Filiberto Martínez, quien planteó modificaciones al Código Penal estatal para aumentar las penas contra quienes provoquen esterilidad de manera indebida, principalmente en casos relacionados con negligencia médica o abuso profesional dentro del sector salud.
La iniciativa contempla sanciones de cinco a diez años de prisión cuando el procedimiento sea realizado en un hombre, mientras que en el caso de las mujeres las penas aumentarían de siete a quince años de cárcel.
De acuerdo con el legislador, la intención principal es fortalecer la protección de las y los pacientes frente a prácticas médicas realizadas sin autorización.
“La ciudadanía acude con profesionales de la salud esperando atención, bienestar y confianza. Cuando una persona médica practica procedimientos sin consentimiento y provoca esterilidad, no solamente genera un daño físico irreversible en muchos casos, también rompe completamente la confianza entre pacientes y personal médico”, expresó Filiberto Martínez.
El diputado explicó que la reforma busca atender situaciones donde personas son sometidas a procedimientos permanentes o invasivos sin haber autorizado plenamente dichas intervenciones.
“Existen casos documentados en otras partes del país donde mujeres durante el parto o cesáreas fueron sometidas a procedimientos de esterilización sin entender completamente lo que estaba ocurriendo o sin haber otorgado su consentimiento informado. Eso no puede normalizarse y debe castigarse de manera ejemplar”, dijo.
Mujeres, las principales víctimas
La propuesta legislativa reconoce que las mujeres son quienes históricamente han enfrentado con mayor frecuencia este tipo de prácticas, particularmente en contextos de vulnerabilidad social o marginación.
“Muchas veces estas conductas ocurren en comunidades donde hay pobreza, falta de información o poca capacidad de defensa de las pacientes. Las mujeres terminan siendo víctimas de decisiones tomadas por terceros sobre su propio cuerpo y su capacidad reproductiva”, explicó el legislador.
Por ello, la iniciativa plantea que cuando el delito sea cometido contra una mujer, las sanciones aumenten en un 50 por ciento.
Además, el diputado advirtió que este tipo de prácticas están relacionadas con formas de violencia obstétrica.
“Hay mujeres que durante el embarazo, parto o posparto sufren tratos negligentes, irrespetuosos o procedimientos que jamás autorizaron. Esto no solo representa una falta médica, también constituye una violación a sus derechos humanos y reproductivos”, afirmó.
Suspensión y cancelación de cédulas profesionales
La reforma también contempla sanciones administrativas y profesionales para quienes resulten responsables.
En caso de que la esterilidad provocada sea reversible, se plantea la suspensión temporal de la cédula profesional y, para personal del sector público, la inhabilitación para ocupar cargos dentro de la administración pública.
Sin embargo, si el daño es irreversible, la propuesta busca que se proceda incluso a la cancelación definitiva de la cédula profesional.
“No basta únicamente con una pena de prisión. Estamos hablando de profesionales que abusaron de la confianza de las personas pacientes y tomaron decisiones irreversibles sobre sus cuerpos. Por eso consideramos necesario impedir que vuelvan a ejercer”, explicó.
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