El 12 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones guadalupanas, los diputados de la Ciudad de México aprobaron un decreto que modifica el Código Penal para incrementar sustancialmente las penas por extorsión y cobranza indebida, alcanzando hasta 30 años de prisión. Aunque este endurecimiento puede parecer una solución frente al alarmante aumento de estos delitos, es un espejismo que oculta las fallas estructurales del sistema de justicia en México.
Aumentar penas: una estrategia probada y fallida
Históricamente, el endurecimiento de penas ha sido una herramienta frecuentemente utilizada para intentar disuadir a los delincuentes. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario:
- En 1993, se implementó una política similar, endureciendo sanciones para diversos delitos. El resultado: lejos de disminuir, los índices delictivos aumentaron.
- Hoy, el homicidio simple se castiga con penas de hasta 70 años de prisión, el triple que hace 50 años. Sin embargo, los homicidios han alcanzado cifras récord, con más de 200,000 homicidios dolosos en el sexenio 2019-2024.
¿Por qué no funciona aumentar las penas?
El problema no radica en la severidad de las sanciones, sino en la impunidad:
- Menos del 2% de los delitos reciben sentencia en México.
- Los delincuentes saben que las probabilidades de ser procesados son mínimas.
- El sistema de justicia está rebasado.
- La falta de recursos y profesionalización en policías, ministerios públicos y jueces perpetúa la impunidad.
- Corrupción generalizada.
- Los procesos judiciales están plagados de corrupción, permitiendo que incluso los culpables de los crímenes más graves logren su libertad.
Conclusión: endurecer penas no disuade a los delincuentes porque el sistema no garantiza que sean atrapados ni condenados.
¿Dónde están los nuevos delincuentes? El dilema carcelario
Con más delitos sancionables y mayores penas, la presión sobre el sistema penitenciario será insostenible.
- Más de 1 millón de casos de extorsión al año, sumados a cientos de miles de homicidios y desapariciones, plantean una pregunta clave: ¿dónde serán recluidos?
- Los costos de mantener a un reo en prisión durante décadas son insostenibles, y el sistema penitenciario carece de programas efectivos de rehabilitación.
¿Rehabilitación a los 88 años? Pretender que una persona pueda reintegrarse a la sociedad tras pasar 70 años en prisión resulta absurdo e ineficaz.
¿Qué necesita realmente el sistema de justicia?
En lugar de legislar penas más severas, los esfuerzos deben centrarse en reformar profundamente el sistema de justicia:
- Profesionalización de policías.
- Equipos capacitados para investigar delitos de manera efectiva.
- Ministerios públicos responsables.
- Con investigaciones sólidas que sustenten los casos ante los jueces.
- Auditorías al sistema judicial.
- Para garantizar que los procesos sean transparentes y libres de corrupción.
Sin estas reformas, la justicia seguirá siendo una simulación y los criminales seguirán actuando con confianza en su impunidad.
Un espejo de las contradicciones legales
La Ciudad de México es un ejemplo claro de incoherencias legales:
- Mientras se prohíbe el uso de vapeadores, funcionan tres fumaderos de marihuana en Paseo de la Reforma.
- El alcoholímetro persigue a quienes manejan con aliento alcohólico, pero no a los que conducen bajo el efecto de drogas.
Estas inconsistencias reflejan la falta de una política criminal integral que aborde los problemas desde sus raíces en lugar de aplicar parches cosméticos.
El verdadero costo de la impunidad
Cada peso desviado por la corrupción o cada caso sin resolver representa recursos que podrían destinarse, entre otras cosas, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- Más escuelas.
- Mejores hospitales.
- Infraestructura para el desarrollo económico.
Debemos de tener en cuenta que la inseguridad no solo es un problema de justicia, es un lastre para el desarrollo de México.
Más allá del maquillaje legislativo
El aumento de penas puede parecer una solución fácil, pero en realidad se trata de una medida populista que ignora las raíces del problema.
Para enfrentar la crisis de inseguridad en México, se necesita un enfoque integral que ataque la impunidad, reforme el sistema judicial y garantice justicia para las víctimas.
Solo entonces será posible recuperar la confianza de los ciudadanos y construir un México más seguro y justo.
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