Imagina que contratas un servicio profesional, pagas y recibes un comprobante fiscal. Todo parece en orden, pero tiempo después, una revisión fiscal cuestiona esa transacción. Sin aviso, podrías enfrentar un proceso penal bajo sospecha de adquirir comprobantes falsos y, debido a la reciente reforma constitucional, ser recluido preventivamente mientras se investiga.
Aunque el objetivo de sancionar operaciones fiscales simuladas es legítimo, la prisión preventiva oficiosa aplicada automáticamente genera preocupaciones sobre su impacto en derechos humanos y su potencial abuso.
¿Qué dice la reforma al artículo 19 constitucional?
La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo “cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”. Esto significa que:
- No necesitas haber cometido un delito intencionalmente; basta con estar relacionado indirectamente con un comprobante falso.
- Podrías ser privado de tu libertad antes de que se determine tu culpabilidad o inocencia.
Esta medida, aunque busca combatir la evasión fiscal, podría afectar injustamente a ciudadanos honestos que desconocen el origen de ciertos comprobantes.
La prisión preventiva oficiosa: Una amenaza a la presunción de inocencia
La prisión preventiva oficiosa implica que una persona puede ser encarcelada automáticamente sin evaluar el riesgo de fuga o daño a la investigación.
Impactos clave de esta medida:
- Presunción de culpabilidad: Se asume que la persona es responsable antes de que se le juzgue.
- Afectaciones personales y económicas: La detención preventiva puede arruinar reputaciones, empleos y familias.
- Saturación del sistema penitenciario: Actualmente, el 40% de las personas en prisión no han recibido sentencia, según estadísticas oficiales.
¿Cómo puede afectar a ciudadanos comunes?
La reforma no distingue entre un empresario que simula operaciones para evadir impuestos y alguien que, sin saberlo, recibe un comprobante fiscal irregular. Este enfoque generalizado crea incertidumbre para profesionales, empresarios y contribuyentes en general.
Caso práctico:
Un médico emite un comprobante fiscal a un paciente. Años después, una revisión determina que ese comprobante tiene irregularidades. Aunque el servicio médico fue real, el paciente podría ser investigado y encarcelado preventivamente hasta que se aclare su situación.
La crítica internacional a la prisión preventiva en México
Organismos internacionales han señalado que la prisión preventiva automática viola derechos humanos, como la presunción de inocencia y la libertad personal.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por aplicar esta medida indiscriminadamente. Sin embargo, en lugar de limitarla, las reformas recientes parecen expandir su uso.
¿Qué alternativas existen?
1. Evaluación caso por caso
En lugar de aplicar la prisión preventiva automáticamente, los jueces podrían analizar si la medida es necesaria según:
- Riesgo de fuga.
- Peligro para las víctimas o la investigación.
2. Fomentar la justicia fiscal mediante incentivos
Combatir la evasión fiscal con auditorías más rigurosas, educación y tecnología en lugar de recurrir al encarcelamiento preventivo.
3. Reformar el sistema penal
Reducir la prisión preventiva solo a casos donde sea absolutamente indispensable, alineando la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos.
Conclusión: ¿Estamos protegiendo al sistema o castigando a los ciudadanos?
La prisión preventiva oficiosa por comprobantes fiscales busca combatir un problema real, pero su implementación generalizada pone en riesgo derechos fundamentales.
Sin una revisión exhaustiva, esta medida podría ser un arma de doble filo: necesaria para combatir el fraude, pero también capaz de afectar injustamente a ciudadanos comunes.
Como sociedad, debemos exigir un equilibrio entre la justicia fiscal y la protección de los derechos humanos, para garantizar un sistema que combata el fraude sin criminalizar a los inocentes.
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